«Las pericias judiciales atentan contra la generación de empleo formal en el país», advierton desde la UART sobre la intervención sin control de peritos en juicios laborales.
El Gobierno nacional avanza en la redacción de una reforma laboral que busca modernizar la legislación vigente, adaptándola a los desafíos del mercado actual y a los avances tecnológicos. El proyecto, que incluiría alrededor de 90 artículos, abarcará temas como los contratos laborales, el derecho de huelga, el salario dinámico y la regulación de la jornada de trabajo.
El objetivo central de la iniciativa es generar confianza en el mercado laboral y establecer reglas de juego claras, ofreciendo a los empleadores e inversores un marco más ágil y actualizado, sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores.
Según se prevé, la nueva normativa mantendrá los límites básicos de la jornada laboral —ocho horas diarias (hasta nueve) y 48 semanales—, aunque permitirá implementar un sistema de banco de horas acordado con los sindicatos. Este mecanismo permitirá distribuir las horas trabajadas de manera flexible, sin superar el promedio semanal permitido.
En cuanto a las indemnizaciones, el proyecto incorporará el criterio establecido por el fallo Vizzotti de la Corte Suprema, que impide que el tope indemnizatorio reduzca la compensación más de un 33%.
También se prevé la creación de un Fondo de Cese Laboral, similar al que ya se aplica en algunos sectores, para reemplazar las indemnizaciones tradicionales. El mecanismo sería administrado a través de un fideicomiso con fondos intangibles, aunque su puesta en marcha dependerá de acuerdos entre empresas y sindicatos, ya que implicará un aporte mensual de entre el 2% y el 10% del salario.
- Modernización de la Ley de Contrato de Trabajo con más de 50 años de vigencia.
- Incorporación del salario dinámico y flexibilización de la jornada laboral.
- Mantenimiento de los derechos laborales e inclusión del criterio del fallo Vizzotti.
- Creación del Fondo de Cese Laboral, administrado mediante fideicomisos.
- Implementación del banco de horas bajo acuerdo sindical.
- Complemento con reformas previsional y fiscal para reducir los costos laborales.
La reforma se presentará oficialmente después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, y formará parte de un paquete más amplio que incluirá reformas previsional y fiscal, con el objetivo de reducir los altos costos laborales que enfrenta el país.
Advierten que el sistema de ART está al borde del colapso: por qué
Mientras el Gobierno impulsa la reforma laboral en el Congreso, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió que el sistema de ART atraviesa una situación crítica debido a la intervención sin control de peritos judiciales en los juicios laborales. Según la entidad, estos actores externos actúan sin supervisión, establecen porcentajes de incapacidad con criterios propios y perciben honorarios ligados al resultado del juicio, lo que genera un incentivo perverso que multiplica las demandas y eleva los costos laborales.
“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, están haciendo colapsar al sistema de ART y atentan contra la generación de empleo formal en el país”, afirmó Mara Bettiol, presidenta de la UART. La situación se agrava porque el 90% de los casos que llegan a la Justicia, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, no presentan incapacidad o son directamente inculpables. Sin embargo, los jueces laborales suelen avalar estas pericias y aplicar sobre los montos indemnizatorios actualizaciones e intereses imposibles de financiar.
Argentina registra uno de los índices más altos de litigiosidad por riesgos del trabajo en el mundo: la tasa es 15 veces superior a la de España y 21 veces mayor que la de Chile, a pesar de contar con mayores prestaciones y una accidentabilidad similar. Para 2025 se proyectan más de 130.000 juicios, superando el récord histórico. Si el país tuviera el índice judicial de España, tendría poco más de 8.000 juicios anuales; con el de Chile, no alcanzaría los 6.000.
Uno de los casos más representativos es el de la lumbalgia, que suele ser calificada sin incapacidad por las Comisiones Médicas, pero que los peritos judiciales valoran en promedio con un 14% de incapacidad definitiva, con amplia variabilidad entre provincias y dentro de cada jurisdicción. Esta disparidad, sumada a la falta de control, ha llevado a las ART a enfrentar una avalancha de demandas y pagos indemnizatorios sin lógica técnica ni financiera.
La UART reclama la implementación efectiva de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) previstos por la Ley 27.348, con peritos seleccionados por concurso, pagos fijos y criterios técnicos unificados. “La justicia laboral no puede seguir en manos de peritos cuya designación pasa por anotarse en una lista y salir sorteados, y que realizan pericias que nadie controla”, advirtió Bettiol. La conformación de CMF permitiría profesionalizar la tarea pericial, eliminar el vínculo entre el monto del juicio y el honorario, y restablecer la coherencia de un sistema que ha sido exitoso en prevención, atención y cobertura del trabajador, pero que hoy está en riesgo.
En el marco del Pacto de Mayo, el Gobierno nacional anunció una futura reforma laboral para promover el empleo formal. La experiencia del sistema de ART, que logró reducir un 80% los fallecimientos y un 55% los accidentes laborales, se presenta como un caso testigo. “Una buena ley, sin implementación adecuada en la justicia, agrava el problema”, concluye el comunicado de la UART.
