La fiscalía solicitó la medida sobre los acusados por asociación ilícita agravada y lavado de activos.
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención y declaración indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto con el tesorero del organismo y todo el círculo familiar y de negocios de Pablo Toviggino, bajo la acusación de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
Entre las medidas requeridas figuran también allanamientos, peritajes y el bloqueo total de los bienes de los acusados, abarcando empresas, propiedades y vehículos, en una investigación que podría derivar en condenas de al menos ocho años de prisión de cumplimiento efectivo en caso de prosperar la imputación, según el pedido presentado por Simón al juez federal de turno de Tucumán, quien asumió el caso tras la licencia del titular de Santiago del Estero, Sebastián Argibay. El fiscal fundó los pedidos de prisión preventiva en “el poder económico de la organización y el riesgo de obstaculización” de la causa.
La acusación describe una presunta “organización criminal nacional e internacional con amplios recursos económicos”. De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Simón, Claudio Tapia habría autorizado el desvío de fondos de la AFA hacia sociedades empresariales que orbitan en torno a Toviggino, como Real Central SRL, propietaria de una mansión valuada en USD 17 millones en Pilar. El expediente incorpora además a la firma TourProdEnter de Javier Faroni, que desde 2021 recaudó cerca de USD 400 millones en el exterior por actividades relacionadas con la Selección Argentina. Esta empresa figura, según la investigación, emitiendo facturas a favor de compañías vinculadas a Toviggino.
El mecanismo de lavado y la trama empresarial involucrada
El análisis de la fiscalía identifica tres etapas principales en la comisión del presunto lavado de activos. La primera consistió en el ingreso de recursos ilícitos al circuito financiero, mediante la constitución de una red de empresas controlada por Pablo Toviggino, que incluyó a Malte, DCT, Bori, HT, SOMA, Norte Argentino, Lindor, Barwa, Maroma, Segon, Carbello, Servicios Neurus, Servicios Lindor, Vandap, Wicca y Real Central. La fiscalía destacó que, aunque actualmente Toviggino no aparece vinculado a sociedades con domicilio en Santiago del Estero, en años previos fue parte de firmas como Norte Argentino, SOMA, Indunoa, DCT y HT.
Documentos obtenidos por el fiscal a través de ARCA, la Inspección General de Justicia y los registros de la propiedad inmueble y automotor, revelan un incremento notable en el capital de varias de estas firmas, junto a la titularidad de decenas de vehículos y la adquisición de 35 inmuebles localizados en Santiago del Estero, que incluyen propiedades rurales, viviendas y lotes. La Dirección de Migraciones acreditó, además, numerosos viajes al exterior realizados por los principales implicados.
En la segunda etapa, según Simón, las empresas recibían transferencias desde la AFA formalmente justificadas por servicios que en la práctica no habrían sido prestados. Estas operaciones se documentaban con facturas emitidas por las propias sociedades, en muchos casos entre ellas mismas, con el objetivo, de acuerdo a la acusación, de “dificultar el rastreo del dinero”.
La tercera fase detectada por la fiscalía consistió en la integración de los fondos en la economía formal, a través de compras de bienes realizadas por las sociedades, pero para uso y beneficio exclusivo de los implicados. Esta maniobra, para el fiscal, permitía ocultar la verdadera procedencia y destino de los recursos. A lo anterior se agregan inversiones en títulos, constitución de plazos fijos y operaciones de compra de dólar MEP como vehículo de valorización dentro del circuito legal.
Otros integrantes y la competencia judicial
Además de Tapia y Toviggino, la lista de imputados incluye a Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado. En calidad de sospechosos, se encuentran María Florencia Sartirana, Juan Pablo Beacon, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Carlos Bruno Seguel, Juan Manuel Chazarreta, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Gustavo Fabián Quijano, Gabriel Leonardo Gorosito y Julio César Araujo. Las fuentes explicaron que la detención no alcanza a los hijos de Toviggino.
La investigación tuvo su origen el 8 de diciembre de 2025, tras una denuncia firmada por Aldo Sergio Parodi remitida al correo oficial de la fiscalía, en la que acusaba al gobernador Gerardo Zamora de desviar millones de pesos desde el Poder Ejecutivo provincial a las empresas de Toviggino, especialmente como “dueño y señor” del Club Central Córdoba de Santiago del Estero.
Mientras en Santiago del Estero el fiscal Simón promueve estas medidas, la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si la causa sobre la mansión de Pilar continuará a cargo del juez federal de Zárate-Campana, Adrián Gonzalez Charvay, o del juez de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Aguinsky. A futuro, también le corresponderá decidir la competencia definitiva sobre esta nueva causa, ante la similitud de los hechos bajo investigación.
La causa apunta a una presunta defraudación sistemática y prolongada en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino, incluyendo mecanismos de evasión fiscal, emisión de facturas apócrifas y operaciones con dólar blue, conforme surge del expediente en manos del fiscal federal Pedro Simón
