La decisión fue tomada por la Justicia Federal de La Plata, que mantiene a ambas exautoridades imputadas mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el caso.
Las exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, recuperaron la libertad este viernes luego de pagar una caución de $150 millones cada una, en el marco de la investigación por la distribución de fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes en distintos puntos del país.
La decisión fue tomada por la Justicia Federal de La Plata, que mantiene a ambas exautoridades imputadas mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el caso. Bisio y Mantecón Fumadó son, hasta el momento, las únicas exfuncionarias estatales imputadas en el expediente.
Las condiciones que deberán cumplir
Aunque recuperaron la libertad, ambas deberán cumplir una serie de medidas dispuestas por el juez federal Ernesto Kreplak. Entre ellas se encuentran la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia y la prohibición de interferir en la investigación, además de otras restricciones procesales mientras avance la causa.
El expediente busca determinar si existieron fallas en los controles sanitarios que permitieron que los lotes de fentanilo contaminado fueran fabricados y distribuidos. La investigación apunta principalmente a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, señalados como responsables de la elaboración y comercialización de los lotes cuestionados.
De acuerdo con la investigación judicial, ambos laboratorios habrían funcionado durante años con distintas irregularidades. La Fiscalía y el juzgado analizan si esas presuntas anomalías pudieron mantenerse debido a un supuesto «manto de cobertura estatal», que habría permitido que las empresas continuaran produciendo medicamentos pese a incumplimientos en materia de calidad y seguridad.
Las exfuncionarias de ANMAT estaban vinculadas a las tareas de supervisión del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) exigidas para la producción de medicamentos. Por ese motivo, la Justicia busca establecer si existieron responsabilidades dentro del organismo encargado del control sanitario y si los mecanismos de fiscalización fueron suficientes para detectar las irregularidades.
El caso ya provocó al menos 90 muertes, según los datos incorporados a la investigación. Otras 40 personas sobrevivieron luego de recibir el medicamento contaminado, aunque sufrieron distintas complicaciones. La Justicia intenta reconstruir cómo los lotes cuestionados llegaron a centros de salud de diferentes puntos del país y fueron administrados a pacientes internados.
Mientras tanto, continúa detenido Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, señalado en el expediente como uno de los principales responsables de la fabricación del fentanilo contaminado. La investigación también alcanza a empresarios, directivos, técnicos y trabajadores vinculados con los laboratorios involucrados. El expediente permanece abierto y la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance de las responsabilidades tanto en la producción y distribución como en los controles estatales.
