La Libertad Avanza reunió 126 legisladores, tres menos de los necesarios para habilitar el debate. La ausencia de Provincias Unidas y el MID resultó determinante.
La sesión especial convocada por el oficialismo para este miércoles en la Cámara de Diputados fracasó por falta de quórum y dejó sin tratamiento seis proyectos impulsados por el Gobierno de Javier Milei. La Libertad Avanza y sus bloques aliados consiguieron reunir a 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
La caída de la convocatoria se produjo pese a que las distintas bancadas habían alcanzado un acuerdo previo en Labor Parlamentaria para organizar el orden de tratamiento y los tiempos de discusión. Sin embargo, la ausencia de los diputados de Provincias Unidas y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) terminó por impedir el inicio de la sesión.
Entre las iniciativas que quedaron pendientes se encuentran la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había regresado a la Cámara baja después de las modificaciones introducidas por el Senado y se encaminaba a completar su trámite legislativo.
La convocatoria había sido impulsada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas, con el objetivo de avanzar en la agenda parlamentaria del Poder Ejecutivo durante las últimas semanas del período ordinario.
Los proyectos que quedaron sin tratamiento en Diputados
El temario contemplaba una jornada de 13 horas y 9 minutos de debate, sin contar eventuales cuestiones de privilegio, homenajes ni pedidos de apartamiento del reglamento. La discusión iba a comenzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tenía asignadas casi diez horas.
La iniciativa propone modificaciones al régimen de sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas e incorpora cambios vinculados con la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional.
Uno de sus apartados más controvertidos establece penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes organicen o financien determinadas campañas destinadas a interferir en procesos electorales o condicionar decisiones de las autoridades en beneficio de intereses extranjeros.
La redacción generó cuestionamientos de legisladores opositores y dialoguistas por el alcance de las nuevas figuras penales y sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión. Durante el tratamiento en comisión se incorporaron exclusiones para las actividades periodísticas, diplomáticas y académicas, aunque persistían diferencias sobre la precisión de esas garantías.
El proyecto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, con atribuciones para coordinar políticas de defensa, seguridad e inteligencia y analizar inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos.
El segundo expediente de mayor relevancia era la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La propuesta establece como objetivo principal de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y otros mecanismos de emisión.
Además, modifica las reglas de distribución de utilidades y establece que los resultados de la entidad deberán destinarse prioritariamente a cubrir pérdidas acumuladas, recomponer su patrimonio o cancelar deuda pública.
El Senado había introducido cambios en el régimen de designación y remoción de las autoridades del organismo. Por eso, Diputados debía resolver si aceptaba las modificaciones de la Cámara alta o insistía con su redacción original, según el procedimiento previsto en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
Los acuerdos comerciales y el traspaso de competencias judiciales
La falta de quórum también impidió avanzar con dos iniciativas vinculadas con la integración comercial del Mercosur.
Una de ellas era el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El convenio contempla mecanismos para ampliar el intercambio de bienes y servicios y reducir barreras comerciales entre ambos bloques.
El otro expediente proponía una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, con el objetivo de actualizar las normas regionales que regulan ese sector.
También quedó pendiente el tratamiento conjunto de dos convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El primero corresponde al cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño. El segundo establece el traspaso de funciones judiciales en materia criminal y correccional de menores.
La transferencia de competencias forma parte del proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y fue objeto de sucesivos acuerdos entre las administraciones nacionales y porteñas.
Por último, el temario incluía una modificación del artículo segundo de la Ley 24.467, que regula el marco de promoción de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta buscaba ampliar el alcance de la normativa para facilitar el acceso de las cooperativas a los instrumentos de reconocimiento y promoción previstos por la legislación.
El oficialismo deberá reconstruir los acuerdos parlamentarios
El entendimiento alcanzado en Labor Parlamentaria había permitido establecer un cronograma detallado para cada iniciativa, aunque eso no implicaba necesariamente que todos los bloques respaldaran el contenido de los proyectos.
La planificación incluía cinco intervenciones de los miembros informantes de los dictámenes sobre la ley de soberanía, exposiciones individuales y participaciones de los bloques. También contemplaba un mecanismo de votación abreviada para los proyectos que llegaban en instancia de revisión y los acuerdos internacionales.
Además, se habían anticipado 17 cuestiones de privilegio, siete homenajes y ocho pedidos de apartamiento del reglamento, que podían extender la duración de la jornada. Entre las actividades previstas también figuraban un minuto de silencio por el fallecimiento de la exdiputada Patricia Walsh y un homenaje a las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.
Ninguno de esos asuntos pudo abordarse. La diferencia entre los legisladores presentes y el número requerido para habilitar el debate fue de apenas tres diputados.
El resultado volvió a mostrar las dificultades del oficialismo para garantizar el quórum y sostener los acuerdos con sus aliados parlamentarios. Aunque La Libertad Avanza cuenta con respaldos para acompañar determinadas iniciativas, necesita reunir una mayoría suficiente para poner en funcionamiento la Cámara y, posteriormente, conseguir los votos necesarios para aprobar cada proyecto.
El traspié se produjo en una etapa importante del calendario legislativo, en la que el Gobierno también pretende avanzar con el Presupuesto 2027 y otras propuestas que considera prioritarias antes de la finalización del período ordinario.





