El nuevo magistrado a cargo del expediente cambió el criterio que había mantenido Sebastián Casanello.
El juez federal Ariel Lijo dispuso la realización de pericias sobre los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga supuestas maniobras de corrupción dentro del organismo.
La medida representa un cambio de rumbo en el expediente, ya que hasta ahora las grabaciones no habían sido incorporadas formalmente como elemento central de prueba dentro de la investigación judicial.
Para avanzar con el análisis, Lijo solicitó a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional que realice un estudio técnico destinado a verificar el origen, autenticidad y posible manipulación de los audios difundidos. En su resolución, el magistrado pidió determinar si las grabaciones pudieron haber sido alteradas mediante inteligencia artificial u otros mecanismos de edición digital.
La decisión judicial se produjo luego de que la Cámara Federal porteña ordenara revisar el contenido de esos registros. El tribunal, integrado por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, había reclamado en diciembre pasado que se avanzara con el análisis técnico de las grabaciones.
Hasta ahora, el expediente había estado bajo la órbita del juez Sebastián Casanello, quien evitó profundizar sobre el material argumentando que los audios ya integraban otra causa vinculada a una presunta maniobra de espionaje ilegal contra Spagnuolo y Karina Milei. Sin embargo, la Cámara Federal consideró insuficiente esa explicación y reclamó medidas concretas para esclarecer la autenticidad del material.
La resistencia a utilizar las grabaciones como prueba respondía también a una estrategia judicial orientada a evitar posibles nulidades futuras. Tanto el fiscal Franco Picardi como el propio Casanello buscaban impedir que una eventual declaración de invalidez de los audios afectara el resto de la investigación bajo la doctrina conocida como “fruto del árbol envenenado”.
Los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera habían presentado un informe técnico particular en el que se señalaba una probabilidad del 65% de que la voz atribuida al exfuncionario hubiera sido modificada mediante inteligencia artificial.
Pese a esos planteos, desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que la investigación cuenta con evidencia independiente y previa a la aparición de las grabaciones, por lo que consideran que el expediente no depende exclusivamente de ese material.
La causa investiga un supuesto esquema de direccionamiento de contratos estatales millonarios a cambio de retornos ilegales que, según la hipótesis judicial, oscilarían entre el 12% y el 20% de los montos adjudicados.
