El juez Martín Cormick hizo lugar a un reclamo de las universidades y advirtió que la sanción podría aumentar si el Ejecutivo no regulariza los pagos pendientes.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución exige al Estado actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.
La sanción se dispuso luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunciara que el Gobierno todavía no había cumplido con la orden judicial, pese a que la medida fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.
En su resolución, Cormick consideró que correspondía aplicar el apercibimiento que había dispuesto previamente y establecer astreintes diarias por el incumplimiento verificado. En una primera etapa, la multa será de $100.000 por día, aunque el magistrado advirtió que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrán modificarse.
La medida cautelar y los salarios universitarios
La decisión se tomó en el marco de una medida cautelar que continúa vigente, aunque el expediente principal sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El juez había declarado inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025 mediante la cual el Poder Ejecutivo condicionó la implementación de la ley. Posteriormente, concedió la apelación presentada por el Estado Nacional y elevó el expediente al tribunal de alzada, pero rechazó el pedido del Gobierno para suspender los efectos de la medida.
Antes de aplicar la sanción económica, Cormick había intimado al Estado a cumplir con la cautelar en un plazo de cinco días. El vencimiento original operó el 22 de septiembre y, tras una nueva prórroga por igual período, el Consejo Interuniversitario Nacional sostuvo que los pagos seguían sin registrarse. Ante esa situación, solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento y se fijaran multas progresivas por cada jornada de demora.
La ley establece que los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas debían adecuarse en septiembre de 2025 para compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. Según ese cálculo, la recomposición debía alcanzar el 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
Además, la normativa contempla actualizaciones mensuales de las remuneraciones de acuerdo con la inflación y dispone la recomposición y actualización de las becas estudiantiles.
Los argumentos del Gobierno para rechazar la sanción
En su apelación, el Estado Nacional argumentó que la medida afecta el funcionamiento de la administración pública porque lo obliga a realizar pagos sin que se hayan determinado con precisión los montos adeudados ni el alcance concreto de las obligaciones.
El Gobierno sostuvo que la cautelar impone una carga económica indeterminada, ya que no especifica qué suma o porcentaje debe abonar para considerar cumplida la orden judicial. También señaló que el 21 de septiembre presentó un informe sobre las medidas adoptadas para responder al requerimiento.
Como parte de su defensa, la administración nacional afirmó que desde diciembre de 2023 otorgó aumentos en las partidas destinadas a los salarios universitarios. Según sus números, con el incremento del 21,33% dispuesto en junio de 2026, la suba acumulada llegó al 226,80%, por encima del 226,40% que, de acuerdo con su interpretación, correspondía para el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
El Ejecutivo también destacó que convocó a la paritaria trimestral prevista en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. En ese ámbito, indicó que propuso una recomposición del 3% para septiembre de 2026, adicional al aumento del 3% acordado en junio y con impacto en los salarios de octubre.
Para el Gobierno, ambas medidas representaban una actualización superior al 6% y respondían al piso de recomposición vinculado con la inflación registrada entre junio y agosto.
Por último, cuestionó el criterio que llevaría a exigir un incremento salarial acumulado del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Según planteó, ese porcentaje contradice la Ley de Presupuesto 2026, que no contempló partidas para afrontar una suba de esa magnitud. Por ese motivo, argumentó que el Estado no cuenta con fondos aprobados por el Congreso para cubrir ese nivel de recomposición.
