La decisión fue tomada por la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Juan Fantini y Nora Dorado.
La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria que implementó el gobierno de Alberto Fernández y ordenó reemplazarla por el mecanismo de actualización aprobado durante la gestión de Mauricio Macri. La resolución beneficia directamente a una jubilada que inició una demanda contra la Anses y podría derivar en un incremento cercano al 67% de sus haberes, según estimaciones de abogados previsionalistas.
La decisión fue tomada por la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Juan Fantini y Nora Dorado, en el expediente “Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios”. Los magistrados dispusieron que el organismo previsional recalcule los haberes de la demandante entre enero de 2021 y junio de 2024, utilizando la fórmula establecida por la ley 27.426, sancionada en diciembre de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri.
El fallo cuestionó el mecanismo impulsado durante la administración de Alberto Fernández porque no contemplaba directamente la inflación ni establecía garantías para evitar que los jubilados perdieran poder adquisitivo. Además, señaló que la normativa incluía un límite anual para los aumentos, vinculado con la recaudación de los recursos destinados a la Anses, que podía profundizar el deterioro de las prestaciones en períodos de fuertes subas de precios.
Cuánto podrían aumentar las jubilaciones con el nuevo cálculo
Uno de los puntos que generó mayor expectativa es el posible impacto económico de la resolución. Según cálculos de abogados especializados en derecho previsional, la aplicación de la fórmula macrista podría representar una mejora de alrededor del 67% para la jubilada que presentó el reclamo. Sin embargo, el porcentaje definitivo dependerá de los criterios técnicos que se utilicen al momento de realizar la liquidación correspondiente.
La ley 27.426 establecía actualizaciones trimestrales mediante una combinación del 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 30% de la evolución salarial medida por el Ripte. En cambio, la fórmula aprobada durante el gobierno de Fernández tomaba como referencia la evolución de los salarios y la recaudación de determinados impuestos destinados al financiamiento del sistema previsional.
En su argumentación, los jueces consideraron que el mecanismo cuestionado no ofrecía previsibilidad frente a escenarios de crisis económica y alta inflación. También remarcaron que las fórmulas anteriores y posteriores contemplaron la evolución de los precios, algo que no sucedía con la ley 27.609. Actualmente, los haberes se actualizan mensualmente según el IPC de dos meses anteriores, a partir del DNU 274 de marzo de 2024.
La sentencia se suma a otros pronunciamientos judiciales que cuestionaron la movilidad aplicada entre 2021 y 2024. Hubo resoluciones similares en Mendoza, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán, aunque con diferentes criterios para determinar las compensaciones. Además, una semana antes, la Sala 3 de la misma Cámara había declarado inconstitucional la fórmula, pero limitó el recálculo al período comprendido entre octubre de 2023 y junio de 2024.
Por ahora, la decisión tiene efectos únicamente sobre la jubilada que inició el juicio y no implica un aumento automático para todos los beneficiarios. La definición de fondo todavía está pendiente de la Corte Suprema de Justicia, que deberá establecer si la ley 27.609 se ajustó a la Constitución y qué criterios corresponden para reparar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados.
