La propiedad tiene 105 mil metros cuadrados y allí fueron encontrados 54 vehículos de alta gama; sus titulares son una jubilada y un monotributista.
La Justicia definió que Adrián González Charvay será el juez encargado de la causa por la compra de la lujosa mansión en Pilar, que quedó relacionada con una investigación sobre presunto lavado de activos alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En la propiedad, que cuenta con 105.000 metros cuadrados, se encontraron 54 vehículos de alta gama. Está a nombre de una jubilada y un monotributista que se sospecha que podrían ser testaferros o «presta nombres» del influyente tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El cambio de magistrado modifica el escenario judicial, ya que la causa que se encontraba en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires ahora regresa a Campana.
El expediente realizó un largo recorrido hasta su regreso a Campana y el nombramiento de Charvay como el juez a cargo: estuvo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, después se generó una disputa con la Justicia de Campana y, finalmente, había quedado radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires luego de la actuación de la Cámara Federal de Casación Penal.
Charvay ya intervino en otros expedientes vinculados con la AFA y protagonizó conflictos de competencia con juzgados porteños debido a la concentración de causas relacionadas con la entidad.
Esta problemática forma parte de un conflicto judicial mayor, que tiene en el centro de la escena al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino.
Hay otros expedientes en los que se investigan supuestas irregularidades relacionadas con la institución, como defraudación y movimientos financieros vinculados con un presunto lavado de activos.
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Los abogados defensores de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, miembros de Real Central SRL, sociedad que aparece como dueña de la propiedad, habían exigido que el expediente fuera trasladado a Campana.
Argumentaron que la competencia territorial debía ser establecida por el lugar donde está ubicado el inmueble, por lo que cuestionó que la investigación permaneciera en la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, la fiscalía rechazó ese planteo. El fiscal Mario Villar le había pedido a la Cámara que no hiciera lugar al recurso de casación presentado por la defensa y que ratificara que el expediente seguiría en el fuero Penal Económico de CABA.
