La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera reclamó al Gobierno que incluya la actividad pesquera en su estrategia contra la explotación unilateral de recursos.
La industria pesquera argentina pidió al Gobierno de Javier Milei que incluya las licencias otorgadas por el Reino Unido para operar en las aguas de las Islas Malvinas dentro de la estrategia oficial contra la explotación unilateral de recursos naturales en el Atlántico Sur.
Según pudo saber Notas de Actualidad, el reclamo fue formulado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), que respaldó la decisión del Ejecutivo de endurecer su posición frente a las actividades económicas desarrolladas en el territorio cuya soberanía es disputada por Argentina y Reino Unido.
La entidad sostiene que, si la Argentina considera ilegítimas las concesiones petroleras otorgadas por las autoridades británicas en las islas, el mismo criterio debería aplicarse a las licencias pesqueras que llevan décadas funcionando.
El reclamo de la industria pesquera al Gobierno
Desde Fulasp señalaron que la pesca no puede quedar fuera de la nueva estrategia oficial sobre los recursos naturales de las Malvinas.
“Si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros”, sostuvo la organización.
El presidente de la entidad, Raúl Cereseto, resumió el planteo al señalar que tanto el petróleo como los peces son recursos naturales vinculados con la disputa de soberanía.
La principal diferencia, según explicó, es que mientras la explotación petrolera es una actividad que el Gobierno busca impedir antes de que avance, la pesca bajo licencias británicas se desarrolla desde hace décadas.
Cuánto dinero genera la pesca en las Malvinas
El sistema de licencias pesqueras administrado por el Reino Unido constituye una de las principales fuentes de ingresos de las islas.
Entre 2023 y 2024, las licencias generaron aproximadamente 33,8 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos US$45 millones, para la administración británica. Para el período siguiente se proyectaron ingresos superiores a los 36,1 millones de libras, unos US$48 millones.
La actividad representa alrededor del 40% del Producto Bruto Interno de las Malvinas y es una de las principales fuentes de recursos propios del archipiélago.
Según la información citada por la Fundación, la implementación del régimen pesquero permitió incrementar significativamente los ingresos de las islas y avanzar hacia la autosuficiencia financiera.
Más de 260.000 toneladas de capturas en 2024
La magnitud de la actividad también puede observarse en el volumen de capturas. Durante 2024 se registraron 261.903 toneladas en aguas bajo administración británica. De ese total, 146.689 toneladas correspondieron al calamar Illex argentinus, una de las especies de mayor importancia comercial en la región.
En plena temporada pesquera suelen operar entre 100 y 120 embarcaciones con licencia activa, aunque el número puede superar los 130 barcos durante los momentos de mayor actividad del calamar. Para Fulasp, estos datos demuestran que no se trata de una actividad eventual, sino de una explotación económica de gran escala que se mantiene de manera sostenida.
La pesca y la disputa por los recursos de Malvinas
La Fundación también puso el foco en una característica particular de los recursos pesqueros del Atlántico Sur: las especies son migratorias y no permanecen dentro de una única jurisdicción marítima.
Entre las especies mencionadas se encuentran la merluza común, el calamar Illex, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad.
Estas poblaciones se desplazan entre la Zona Económica Exclusiva argentina, aguas internacionales y las zonas administradas por el Reino Unido. Por ese motivo, la organización advierte que la explotación realizada en una determinada jurisdicción puede tener consecuencias sobre el conjunto del ecosistema del Atlántico Sur.
“Los peces no entienden de líneas dibujadas sobre un mapa”, afirmó Cereseto, quien sostuvo que la protección de los recursos pesqueros también forma parte de la defensa de los intereses argentinos en la región.
La advertencia sobre los barcos que operan en el límite de la ZEE
Otro de los puntos señalados por Fulasp está relacionado con el movimiento de algunas embarcaciones que cuentan con permisos británicos.
Según la entidad, determinados buques que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas también desarrollan posteriormente actividades cerca del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina.
La situación, advierten, aumenta la presión sobre poblaciones de peces que se desplazan por diferentes áreas del Atlántico Sur. La organización considera que este escenario requiere una mayor coordinación entre las políticas de conservación, fiscalización y defensa de los recursos marítimos argentinos.
El Gobierno ya sancionó a cinco buques extranjeros
El reclamo de la industria pesquera se produce mientras el Gobierno mantiene una política de mayor control sobre la pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina.
Durante 2026, las autoridades sancionaron a cinco buques extranjeros por infracciones relacionadas con operaciones pesqueras en aguas argentinas.
Entre las embarcaciones aparecen el pesquero español Farruco y los buques Bao Feng, Bao Win, Coimbra y Hai Xiang 2. Para Fulasp, estas medidas pueden convertirse en un antecedente para ampliar la estrategia argentina hacia los recursos pesqueros vinculados con las Malvinas.
Qué le pide la industria pesquera a Milei
La entidad aclaró que no busca modificar el rumbo de la política oficial, sino extenderla a la actividad pesquera. “Si el principio es que nadie puede explotar unilateralmente nuestros recursos naturales en Malvinas, entonces ese principio debe valer para todos los recursos”, sostuvo Cereseto.
El pedido suma así un nuevo capítulo al conflicto por la explotación de los recursos naturales de las islas. Mientras el Gobierno argentino busca endurecer las medidas contra las empresas vinculadas con actividades petroleras, el sector pesquero reclama que las licencias británicas de pesca también sean incorporadas a la discusión política, diplomática y jurídica sobre la soberanía de las Malvinas.
