A tres meses del inicio del juicio oral siguen las acusaciones cruzadas y las contradicciones entre los profesionales de salud que quedaron bajo investigación por el fallecimiento del «10».
El juicio oral por la muerte de Diego Maradona continúa avanzando en los tribunales de San Isidro con siete trabajadores de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
En el banquillo de los acusados se encuentran Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Almirón y Pedro Di Spagna. Tras más de tres meses de audiencias, el proceso dejó al descubierto cómo se organizó el equipo médico que asistía al exfutbolista durante su internación domiciliaria y las diferencias entre los propios imputados sobre quién debía tomar las decisiones.
Uno de los aspectos que surgió durante el debate es que varios de los profesionales asumieron funciones que excedían sus responsabilidades, mientras que, al momento de declarar, la mayoría buscó limitar su responsabilidad exclusivamente a las tareas que les correspondían desde el punto de vista técnico.
Las responsabilidades de cada uno de los imputados
Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de confianza de Maradona, es uno de los acusados más comprometidos. Diversos testigos lo señalaron como el principal referente de la salud del exfutbolista.
Durante el juicio sostuvo que, tras la operación por el hematoma subdural, había decidido dejar de estar al frente del tratamiento y mantener únicamente un vínculo personal con Maradona. Sin embargo, la fiscalía sostiene que continuó interviniendo en las decisiones médicas, firmó el acta de externación y siguió de cerca la evolución del paciente durante la internación domiciliaria.
Otra figura central es la psiquiatra Agustina Cosachov, quien, según los testimonios escuchados en el juicio, terminó coordinando buena parte del dispositivo de atención en la casa de Tigre. Era quien recibía los reportes diarios del estado de Maradona y mantenía contacto permanente con la familia.
Los testimonios también la ubicaron en uno de los momentos clave del caso: el día de la muerte ingresó a la habitación de Maradona y luego informó que «no nos quiere atender», cuando el exfutbolista ya había fallecido.
El psicólogo Carlos Díaz, incorporado apenas un mes antes del fallecimiento para tratar la adicción al alcohol, aparece con un rol menos relevante dentro del proceso. Según surgió del debate, tuvo pocos encuentros con Maradona y su tratamiento mostraba resultados positivos.
Su situación judicial se apoya principalmente en mensajes intercambiados por WhatsApp, en los que opinaba sobre la situación médica del exjugador y hacía comentarios sobre sus hijas, aunque hasta el momento no surgieron pruebas de que participara en las decisiones centrales del tratamiento.
Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, tenía a su cargo la autorización de los recursos necesarios para la internación domiciliaria. Uno de los puntos más discutidos durante el juicio fue la falta de acuerdo con Cosachov respecto de las prestaciones que debía brindar la empresa.
Las diferencias entre ambas fueron tan marcadas que protagonizaron un careo durante el proceso. Además, los testimonios reflejaron fallas en la comunicación entre Forlini, los enfermeros y el resto del equipo médico.
En el caso de Mariano Perroni, coordinador de enfermería, las pruebas indicaron que su función era principalmente administrativa. Era quien recibía los informes diarios de los enfermeros y los trasladaba a la prepaga.
No obstante, quedó bajo sospecha por una acusación puntual: haber ordenado modificar la planilla de enfermería correspondiente al día de la muerte de Maradona, un aspecto que todavía forma parte de la investigación judicial.
Ricardo Almirón, enfermero que estaba de guardia durante la madrugada del 25 de noviembre de 2020, es otro de los imputados. De acuerdo con distintos testimonios, habría finalizado su turno sin ingresar nuevamente a controlar a Maradona antes del relevo.
Los peritos señalaron durante el juicio que el exfutbolista ya podía encontrarse en agonía durante esas horas, un elemento que forma parte de la acusación.
Por último, Pedro Di Spagna, médico clínico, tuvo una participación mucho más acotada. Intervino solo en dos oportunidades durante la internación domiciliaria y no era el profesional designado para controlar diariamente la evolución de Maradona.
La fiscalía considera que su incorporación al grupo de WhatsApp donde se analizaba la situación médica del exjugador y algunos mensajes enviados en ese ámbito justifican su imputación.
Con al menos dos meses más de audiencias antes de los alegatos finales, el juicio continúa acumulando pruebas y testimonios. El veredicto podría conocerse hacia fin de año, cuando el tribunal determine si los siete acusados tuvieron responsabilidad penal en la muerte de Diego Maradona.
