El desarrollo completo contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas y cuatro etapas.
El proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper y Navitas a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, volvió a quedar en el centro de la disputa por los recursos hidrocarburíferos del Atlántico Sur. Una auditoría reciente permitió dimensionar sus reservas y estableció que el campo cuenta con 232 millones de barriles de reservas probadas, equivalentes al 12,7% de las reservas probadas de Vaca Muerta.
La comparación cambia cuando Sea Lion se contrasta con áreas individuales de la formación neuquina. Según el estudio realizado por el petrofísico Juan Carlos Glorioso, solo Loma Campana-LLL supera al yacimiento ubicado frente a Malvinas en reservas probadas, con 317 millones de barriles. La Amarga Chica registra 224 millones, mientras que otras áreas como Bajada del Palo Este, Cruz de Lorena, Sierras Blancas y Loma Campana quedan por debajo.
El tamaño de Sea Lion y el proyecto que está en disputa
En recursos descubiertos, que combinan reservas y recursos contingentes, Sea Lion alcanza los 1.017 millones de barriles. La cifra supera a todos los yacimientos individuales de Vaca Muerta incluidos en el relevamiento, aunque representa una fracción de los 8.134 millones de barriles correspondientes al conjunto de la formación neuquina. La diferencia responde, entre otros factores, al mayor peso de los recursos contingentes en un proyecto offshore que todavía se encuentra en desarrollo.
El desarrollo completo contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas y cuatro etapas. La primera fase prevé 11 pozos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, mientras que el proyecto completo demandaría una inversión estimada en USD 3.900 millones. El primer petróleo está previsto para marzo de 2028, de acuerdo con el cronograma difundido por las compañías.
El avance del proyecto generó una fuerte respuesta del Gobierno argentino. En septiembre, la administración de Javier Milei inició procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en Malvinas y amplió posteriormente el universo de involucrados. Las autoridades argentinas sostienen que las operaciones se realizan sin autorización nacional, mientras que Rockhopper y Navitas afirman que cuentan con licencias otorgadas por el gobierno de las islas y con respaldo británico.
A la disputa política se sumó una decisión judicial. El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con Sea Lion. La resolución alcanzó perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación, y se fundamentó, entre otros aspectos, en la falta de una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina.
El proyecto quedó así atrapado entre una dimensión energética relevante, una disputa de soberanía que enfrenta a la Argentina y el Reino Unido y una batalla judicial y administrativa que continúa abierta. Mientras las compañías sostienen su cronograma de desarrollo, la Justicia argentina mantiene frenadas las obras alcanzadas por la cautelar y el Gobierno avanza con nuevas medidas contra quienes considera vinculados con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
