El megadecreto del presidente será debatido en una sesión especial en Diputados: todos los sectores de la economía que afectaría si es anulado.
La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial en la Cámara de Diputados para intentar derogar el DNU 70/2023, el megadecreto firmado por Javier Milei al inicio de su gestión que modificó y desreguló distintos sectores de la economía.
El decreto ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, por lo que una votación negativa en Diputados implicaría su derogación definitiva. En ese escenario, varias de las normas que fueron eliminadas por el DNU volverían a tener vigencia, aunque su aplicación podría quedar sujeta a interpretaciones jurídicas en determinados casos.
La convocatoria opositora se produjo después del fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154, que había eliminado los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La resolución judicial volvió a instalar el debate sobre la validez del conjunto del decreto, que está compuesto por 366 artículos.
Qué normas podrían volver a regir
Una eventual derogación del DNU tendría impacto en distintos ámbitos de la economía. Entre las normas que podrían recuperar vigencia se encuentra la Ley de Alquileres, que fue derogada por el Gobierno al comienzo de su gestión.
En ese caso, volverían a regir las disposiciones anteriores sobre los contratos de locación, entre ellas el plazo mínimo de tres años y el mecanismo de actualización semestral mediante el índice Casa Propia.
Otro de los sectores alcanzados sería el de las empresas de medicina prepaga. El DNU eliminó los controles estatales sobre los aumentos de las cuotas, por lo que su derogación implicaría el retorno del esquema mediante el cual las compañías debían solicitar autorización para modificar sus precios.
También podría modificarse el marco establecido para las empresas con participación estatal. El DNU dispuso su transformación en sociedades anónimas con vistas a una posterior privatización. Si el decreto fuera derogado, volverían a regir las figuras jurídicas anteriores, como las Empresas del Estado, Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta.
La medida también alcanzaría a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), cuya disolución fue establecida por el megadecreto. A su vez, desaparecería la habilitación incluida en el DNU para la eventual cesión total o parcial de las acciones de Aerolíneas Argentinas a sus trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Abastecimiento, góndolas e internet satelital
La eventual caída del decreto también impactaría sobre las normas de Abastecimiento y Góndolas, que fueron eliminadas como parte del esquema de desregulación impulsado por el Gobierno.
La Ley de Abastecimiento otorgaba al Estado herramientas para intervenir sobre precios, márgenes de ganancia y condiciones de comercialización frente a situaciones de desabastecimiento o especulación. La Ley de Góndolas, en tanto, establecía condiciones para la exhibición de productos y contemplaba espacios para bienes elaborados por pequeñas y medianas empresas.
Otro de los sectores alcanzados sería el de los servicios de internet satelital. El DNU desreguló esa actividad y permitió la expansión de operadores como Starlink en el mercado argentino. Una derogación abriría nuevamente el debate sobre el marco jurídico bajo el cual funcionan actualmente esas compañías.
También recuperaría vigencia la Ley de Compre Nacional, que establece preferencias para bienes y servicios de origen argentino en determinadas licitaciones y contrataciones del sector público. El DNU había eliminado esa normativa como parte de las medidas de apertura y desregulación.
Cielos abiertos y comercio exterior
El decreto también modificó las condiciones de funcionamiento del transporte aéreo mediante la política de cielos abiertos. Su derogación podría revertir parte del marco vigente para las aerolíneas que operan en el mercado doméstico e internacional, aunque el alcance concreto dependería de la interpretación jurídica y de eventuales medidas cautelares.
En materia de comercio exterior, el DNU eliminó el registro obligatorio para quienes quisieran exportar o importar y limitó las facultades del Poder Ejecutivo para establecer restricciones a las operaciones por motivos económicos.
La derogación del decreto implicaría el retorno de esas atribuciones al Estado, junto con las normas que habían sido modificadas o eliminadas por el DNU en este ámbito.
Otro punto sensible es el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El organismo fue disuelto por el DNU 70/2023 y su eventual restitución tendría particular impacto en Misiones, donde distintos legisladores manifestaron su respaldo a la derogación del decreto.
La estrategia del Gobierno para evitar la sesión
Frente a la convocatoria, el Gobierno sostiene que la oposición no conseguiría reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y trabaja en distintas alternativas para impedir que la sesión avance.
Entre las opciones analizadas por el oficialismo aparece la posibilidad de incorporar un nuevo capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros dentro de la Ley de Soberanía Nacional, un proyecto que comenzó a ser tratado en comisión.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó a Francia junto al presidente Javier Milei para mantener reuniones con gobernadores aliados y avanzar en acuerdos que permitan reunir los respaldos necesarios para bloquear la sesión convocada para el 15 de octubre.
El debate por el DNU se desarrolla además en paralelo a las negociaciones del oficialismo por la reforma política. Tras las reuniones mantenidas con gobernadores durante la Argentina Week, en La Libertad Avanza sostienen que cuentan con los votos para eliminar las PASO y vinculan ese respaldo con acuerdos políticos alcanzados con mandatarios provinciales.
