La decisión responde a una interpretación estricta de la ley, que introduce cambios sustanciales en el régimen laboral vigente.
La Secretaría de Trabajo completó el envío de intimaciones a empresarios y sindicatos para renegociar 446 convenios colectivos de trabajo, en el marco de la adecuación a la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Según fuentes oficiales, la próxima semana se ampliará el alcance de las citaciones al incluir también convenios de empresa, lo que elevará a cerca de 800 la cantidad de acuerdos a revisar.
La medida abarca tanto los convenios ya vencidos como aquellos que irán expirando en los próximos meses, los cuales deberán adaptarse progresivamente a la nueva normativa. La decisión responde a una interpretación estricta de la ley, que introduce cambios sustanciales en el régimen laboral vigente.
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Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del principio de ultraactividad. Hasta ahora, los convenios colectivos mantenían su vigencia incluso después de vencidos, hasta que se firmara uno nuevo. Con la nueva legislación, esa continuidad se limita a las denominadas cláusulas normativas —relacionadas con las condiciones de trabajo—, mientras que las cláusulas obligacionales, como aportes y contribuciones acordadas entre las partes, pierden vigencia al finalizar el plazo del convenio.
No obstante, el decreto reglamentario 407 habilita la posibilidad de renegociar la totalidad de las cláusulas, lo que abre un proceso de revisión integral de los acuerdos colectivos.
Entre los sectores alcanzados figuran actividades clave como alimentación, construcción, comercio, transporte, sanidad, petróleo, bancarios, camioneros, gastronómicos y textiles, entre otros. En todos los casos, la Secretaría de Trabajo instó a las partes a negociar “de buena fe” y alcanzar acuerdos que luego deberán ser presentados para su homologación.
El procedimiento previsto establece que sindicatos y cámaras empresarias negocien en forma directa y, una vez alcanzado un entendimiento, lo eleven al organismo laboral para su validación. La autoridad podrá rechazar acuerdos si considera que generan “distorsiones económicas graves” o afectan el interés general, una facultad que genera preocupación en el ámbito sindical.
En paralelo, el Gobierno promueve la incorporación de nuevas herramientas previstas en la reforma. Entre ellas se destaca el denominado “salario dinámico”, que permite establecer componentes salariales variables vinculados al desempeño individual o a la situación de la empresa o sector. Este esquema ya fue aplicado en el régimen de trabajadores de casas particulares.
Otra de las innovaciones es el “banco de horas”, que habilita la compensación de horas trabajadas fuera de la jornada habitual con tiempo libre posterior. Este mecanismo tuvo su primera implementación en un acuerdo entre la empresa Mirgor y el sindicato SMATA.
Desde el oficialismo consideran que estos cambios permitirán mayor flexibilidad en las relaciones laborales y fomentarán la productividad. Además, señalan que la nueva normativa ya comenzó a generar efectos en el sistema financiero, con entidades que avanzan en propuestas de refinanciación de créditos a trabajadores en condiciones más favorables.
Mientras tanto, la CGT mantiene sus cuestionamientos a distintos aspectos de la ley, en particular a las facultades otorgadas al Estado para intervenir en la homologación de los convenios. El proceso de renegociación, que se prevé extenso, marcará una nueva etapa en la dinámica de las relaciones laborales en el país.
