«No podemos aceptar que sigan destruyendo familias», expresó el presidente de Brasil en sus redes sociales.
Tras la masacre ocurrida en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, anunció este miércoles una acción inmediata del Gobierno Federal y pidió atacar “la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias”. La declaración fue acompañada por instrucciones directas al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal, quienes viajarán a la capital fluminense para reunirse con el gobernador Cláudio Castro, con el objetivo de articular una estrategia conjunta entre las fuerzas federales y estatales.
“No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades”, expresó Lula en la red social X, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada y eficaz ante el avance de las facciones criminales.
Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.
Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e…
— Lula (@LulaOficial) October 29, 2025
El mandatario también recordó la operación federal realizada en agosto, considerada “la mayor contra el crimen organizado en la historia del país”, que permitió desarticular el núcleo financiero de una banda vinculada al narcotráfico, la adulteración de combustibles y el lavado de dinero.
En ese marco, Lula destacó el papel del Congreso en el fortalecimiento institucional de la lucha contra el crimen. Señaló que la Enmienda de Seguridad, actualmente en trámite legislativo, será clave para garantizar una base legal que permita la actuación conjunta de las distintas fuerzas policiales.
La masacre en Río ha reavivado el debate sobre la seguridad pública en Brasil y la necesidad de una política integral que combine inteligencia, coordinación interinstitucional y respeto por los derechos humanos. El gobierno busca evitar que las operaciones de combate al narcotráfico deriven en nuevos episodios de violencia que afecten a la población civil.
