Qué pasará con la prisión domiciliaria de la expresidenta y qué otros inmuebles ordenaron ejecutar.
El Tribunal Oral Federal N° 2, que tuvo a su cargo el juicio por la denominada causa Vialidad, ordenó embargar un conjunto de propiedades y activos comerciales vinculados con los condenados en el expediente. Entre los bienes alcanzados se encuentra el departamento de la calle San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La decisión se enmarca en las medidas adoptadas por la Justicia para avanzar en la recuperación de $685.000 millones, monto establecido como perjuicio patrimonial al Estado a raíz de las maniobras vinculadas con la obra pública investigadas en la causa.
El embargo no implica un remate inmediato de los inmuebles ni modifica la titularidad de las propiedades. La medida establece su indisponibilidad jurídica con el objetivo de impedir que sean transferidas o gravadas mientras continúa el proceso destinado a determinar el decomiso definitivo.
Qué bienes fueron embargados
La resolución del TOF N° 2 alcanzó a distintos inmuebles y activos comerciales. Entre ellos aparece un conjunto de propiedades ubicado en Madero Center, en Puerto Madero.
La medida incluye un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera dentro del complejo ubicado en uno de los sectores de mayor valor inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.
En la provincia de Santa Cruz, en tanto, el embargo alcanzó múltiples terrenos y edificaciones. Dentro del listado figura el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en la localidad de El Chaltén.
También fueron incluidos inmuebles situados en El Calafate y Río Gallegos. Entre ellos se encuentra el chalet de Cristina Kirchner ubicado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, además de otras viviendas localizadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
De esta manera, la resolución amplía el alcance de las medidas patrimoniales sobre bienes vinculados con el entorno de la familia Kirchner.
La situación de Máximo y Florencia Kirchner
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso también fundamentaron la extensión de las medidas sobre bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, pese a que ambos no fueron condenados en el expediente Vialidad.
Los magistrados recordaron los argumentos desarrollados en la sentencia del juicio y señalaron que las maniobras defraudatorias investigadas generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner.
Según lo establecido en el fallo, durante el proceso se acreditó una relación comercial entre las empresas de Báez y sociedades vinculadas con la familia Kirchner.
En particular, la sentencia hizo referencia a las sociedades Los Sauces y Hotesur, a través de las cuales las firmas del empresario patagónico habrían alquilado, construido y explotado hoteles pertenecientes a la familia.
La Justicia considera que ese vínculo económico forma parte del entramado patrimonial que debe ser tenido en cuenta al momento de avanzar con el decomiso destinado a recuperar el perjuicio ocasionado al Estado.
La nueva resolución, por lo tanto, no supone la pérdida inmediata de los inmuebles por parte de sus titulares, sino que busca preservar esos activos para garantizar el cumplimiento de lo que finalmente determine la Justicia respecto del decomiso.
