El organismo recaudador descubrió nuevo datos que comprometen al mandamás del fútbol argentino y a su mano derecha, tesorero de la entidad.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino y apuntó contra su presidente, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, a quienes acusó de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal”.
La presentación fue incorporada al expediente que tramita ante el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, donde ya se investigaba a la entidad por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos.
En el nuevo escrito, el organismo recaudador amplió el alcance de la investigación y planteó la hipótesis de un esquema sistemático de evasión mediante el uso de facturación apócrifa. Según la denuncia, las maniobras habrían generado un perjuicio fiscal estimado en $289.336.519,66 entre 2023 y 2025.
ARCA sostuvo que detectó la utilización recurrente de proveedores sin capacidad económica, financiera ni operativa, que habrían sido empleados para emitir comprobantes sin respaldo real. De acuerdo con el organismo, estas facturas permitían justificar gastos y reducir la carga tributaria, al tiempo que ocultaban el destino final de los fondos.
Además de Tapia y Toviggino, el escrito menciona a otros dirigentes vinculados a la estructura de la AFA, entre ellos el secretario Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.
La investigación se apoya en fiscalizaciones, cruces de información bancaria y análisis de facturación electrónica. Entre los elementos señalados, se destaca un patrón de pagos a empresas consideradas “no confiables”, muchas de ellas sin empleados registrados, sin infraestructura o con domicilios inexistentes.
Según la reconstrucción oficial, la operatoria consistía en la contratación de supuestos servicios o obras, seguida de la emisión de facturas electrónicas por parte de estas firmas. Luego, los pagos se realizaban principalmente mediante cheques —que representaron el 77,11% de las operaciones investigadas— y en menor medida por transferencias bancarias.
El organismo indicó que esos cheques eran endosados múltiples veces y terminaban en manos de terceros sin relación directa con las operaciones originales, lo que dificultaba la trazabilidad del dinero y la identificación de los beneficiarios finales.
En ese contexto, ARCA calificó el mecanismo como una “ruptura de la cadena de pagos” y sostuvo que las operaciones “carecen de sustento económico real”. Según la denuncia, los comprobantes habrían sido utilizados exclusivamente para generar efectos fiscales indebidos.
La ampliación también detalla montos mensuales que, según el organismo, superan los umbrales establecidos por el Régimen Penal Tributario para configurar evasión agravada. En ese marco, la conducta fue encuadrada en la Ley 27.430, que sanciona la utilización de facturas apócrifas.
Como elemento adicional, ARCA solicitó que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal. El organismo argumentó que las maniobras habrían tenido continuidad en el tiempo, coordinación entre distintos actores y una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática.
