Tras el cierre de la vía judicial argentina, los abogados de la expresidenta llevaron el caso a una nueva instancia internacional.
Cristina Kirchner avanzó este martes con una nueva instancia internacional para cuestionar la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad. Sus abogados presentaron el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de que se revisen las garantías procesales aplicadas durante el proceso y de obtener la suspensión de la inhabilitación.
El equipo jurídico está integrado por Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. La presentación se concretó después de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de la defensa y dejara firme la sentencia. Ahora, los abogados buscan que el Comité analice si durante el proceso judicial se vulneraron derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Qué busca la defensa ante Naciones Unidas
La estrategia tiene como próximo objetivo que el planteo sea tratado durante la sesión del Comité prevista para octubre. Valim señaló que la defensa pretende que el organismo analice el pedido de suspensión de la inhabilitación y, posteriormente, el fondo del reclamo. Sin embargo, una eventual opinión favorable del Comité no implicaría por sí sola la anulación automática de la condena ni la recuperación inmediata de la libertad.
Entre los argumentos presentados aparecen nuevas pruebas vinculadas con el manejo de fondos para la obra pública. La defensa difundió en septiembre un informe de Specs Consultoría según el cual el Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez, recibió el 0,85% de los fondos de un fideicomiso administrado por Vialidad Nacional. Los abogados sostienen que ese dato contradice un aspecto central de la sentencia.
Desde el ámbito judicial, sin embargo, surgieron objeciones a esa interpretación. Un magistrado de Comodoro Py citado por Infobae sostuvo que el planteo ya fue analizado durante el proceso y señaló que el informe presentado por la defensa utiliza datos nacionales, mientras que la causa Vialidad se concentró en la obra pública de Santa Cruz, donde Báez tuvo una participación mayoritaria.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes. Su función es supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sus pronunciamientos no equivalen a una sentencia judicial argentina ni anulan directamente un fallo, aunque pueden ser utilizados como antecedentes en posteriores discusiones jurídicas.
La presentación también tiene una dimensión vinculada con el futuro político de Cristina Kirchner. La inhabilitación que integra su condena le impide ejercer cargos públicos, y la defensa busca suspender esa sanción mientras se analiza el reclamo internacional. En paralelo, Máximo Kirchner afirmó que su madre mantiene la intención de competir electoralmente en 2027. El trámite ante la ONU abre así una nueva instancia jurídica cuyo desarrollo podría extenderse durante los próximos meses.
