Los beneficios tarifarios se mantendrán únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.
El oficialismo y bloques aliados avanzaron este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina con la firma del dictamen de mayoría para modificar el régimen de Zona Fría, con el objetivo de reducir el universo de beneficiarios y focalizar los subsidios al consumo de gas.
La iniciativa, impulsada por el espacio oficialista La Libertad Avanza, propone limitar el alcance del beneficio a la región patagónica, Malargüe (Mendoza) y la Puna, excluyendo a las provincias incorporadas en la ampliación de 2021. Entre ellas se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
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Esa ampliación había sido promovida durante el gobierno anterior con impulso de Máximo Kirchner, bajo criterios bioambientales, lo que elevó el número de usuarios alcanzados de aproximadamente 950.000 a cerca de 4 millones de hogares.
El nuevo proyecto establece además que el subsidio quedará restringido a los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar y pensionados veteranos. De esta manera, solo los sectores considerados vulnerables mantendrían el beneficio en las zonas que perderían la cobertura ampliada.
Según el detalle del dictamen, quedarían excluidos del régimen 55 departamentos de Buenos Aires, 13 de Córdoba, 11 de San Juan, entre otros distritos de distintas provincias.
Desde el oficialismo argumentaron que el actual esquema resulta financieramente insostenible. Señalaron que la alícuota vigente del 7,5% sobre el precio del gas natural no alcanza para sostener el Fondo Fiduciario que financia el régimen.
Durante el debate en comisión, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, sostuvo que la política apunta a una asignación más eficiente de los recursos. “Los recursos son escasos y la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita”, afirmó.
En paralelo, el proyecto incluye un mecanismo para abordar la deuda del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La propuesta contempla que el Estado calcule los ingresos no percibidos por distribuidoras y transportistas durante el congelamiento tarifario, y que esos montos puedan aplicarse para compensar deudas con CAMMESA, siempre que las empresas desistan de reclamos judiciales contra el Estado.
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El oficialismo prevé llevar la iniciativa al recinto en una sesión convocada para el próximo 20 de mayo.
