La medida de las autoridades de EEUU se llevó a cabo antes del regreso de la delegación argentina al país.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, fue demorado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, minutos antes de emprender el regreso a la Argentina junto a parte del plantel de la Selección que disputó el Mundial 2026.
Durante el procedimiento las autoridades estadounidenses le solicitaron sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Además, también fueron incautadas computadoras y teléfonos pertenecientes a otros integrantes de la comitiva que viajaban en el vuelo chárter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas.
Como consecuencia del operativo, el vuelo, que originalmente debía despegar a las 6:00, partió finalmente cerca de las 8:15, lo que retrasó la llegada del plantel al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas esperaban recibir a la delegación.
Entre los futbolistas que regresaron en ese vuelo no estaban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán de la Selección arribó un día después al país en su avión privado y se trasladó directamente a Rosario junto a su familia.
La investigación que involucra a Tapia
De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida y aportar toda la información que posea sobre Tourprodenter, una empresa señalada en la investigación.
La solicitud también incluye comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni, quienes aparecen mencionados en la pesquisa que analiza la estructura utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA.
Tourprodenter, administrada por Faroni, figura registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos de televisión.
Cómo comenzó la pesquisa
La investigación tomó impulso durante el Mundial 2026, cuando fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI comenzaron a analizar operaciones financieras vinculadas con los contratos internacionales de la AFA, cuyo volumen superaría los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros pasos fue la declaración del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de la estructura comercial investigada. El encuentro se realizó en Miami y estuvo centrado en el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.
La causa es llevada adelante por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos económicos y financieros.
Hasta el momento, las actuaciones no implican imputaciones formales. El objetivo de los investigadores es reconstruir el circuito del dinero, identificar a las personas y empresas involucradas y determinar si alguna de las operaciones podría constituir un delito bajo la legislación estadounidense.
El foco sobre los contratos internacionales de la AFA
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, sociedad administrada por Javier Faroni y Erica Gillette, que fue designada por la AFA como agente exclusivo para gestionar los contratos comerciales internacionales.
Según la documentación analizada por las autoridades estadounidenses, los fondos vinculados a esos acuerdos circularon por cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Solo por esta última entidad habrían pasado 13,5 millones de dólares en menos de un año, provenientes de contratos comerciales celebrados en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.
Los investigadores detectaron además transferencias millonarias hacia sociedades con escasa actividad comercial conocida, entre ellas Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que recibieron en conjunto más de 3,1 millones de dólares.
La documentación utilizada por el Departamento de Justicia surgió en gran parte de procesos judiciales iniciados por Guillermo Tofoni contra la AFA en tribunales estadounidenses. La reciente incautación de teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos busca preservar comunicaciones y registros digitales que puedan ser comparados con los movimientos bancarios y la documentación societaria reunida durante la investigación.
