En ese sentido, cada provincia deberá adherirse al nuevo régimen.
El Gobierno de Javier Milei anunció la apertura de un registro nacional para que talleres mecánicos particulares puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), en el marco de una reforma que apunta a descentralizar el sistema y ampliar la oferta del servicio.
La medida entrará en vigencia a partir del miércoles 3 de junio, luego de que se levantara una cautelar judicial que impedía su implementación. Según confirmó la Secretaría de Transporte, la normativa fue oficializada mediante la Resolución N° 32/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El nuevo esquema crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de manera digital, pública y gratuita bajo la órbita del Ministerio de Economía. A partir de ahora, cualquier taller que cumpla con los requisitos técnicos podrá inscribirse mediante una declaración jurada y quedar habilitado para realizar controles vehiculares.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que la medida pone fin a la concentración del servicio en plantas específicas. “Se termina el monopolio de las plantas de VTV”, afirmó a través de redes sociales.
Con esta modificación, los conductores podrán elegir libremente dónde realizar la inspección técnica, siempre que el establecimiento esté debidamente registrado. Los talleres habilitados podrán revisar vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros y de carga, así como unidades especiales.
Desde el Gobierno señalaron que la reforma mantiene los estándares técnicos y de seguridad vigentes. Los talleres deberán contar con un director técnico responsable, acreditar equipamiento adecuado y cumplir con los procedimientos de inspección establecidos por la normativa.
En cuanto a los plazos, los vehículos 0 km deberán realizar su primera inspección a los cinco años del patentamiento. Para unidades de hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada dos años, mientras que los vehículos más antiguos deberán cumplirla de manera anual.
La iniciativa se enmarca en los cambios introducidos por el Decreto 196/2025, que modificó la Ley Nacional de Tránsito. Entre sus objetivos se encuentran la habilitación de nuevos centros de control, la desregulación de aranceles para fomentar la competencia y la incorporación de vehículos particulares al sistema nacional.
Sin embargo, la implementación del nuevo esquema dependerá de la adhesión de las provincias. En caso de no adherir, los usuarios no podrán acceder a las nuevas opciones de verificación. En este contexto, la provincia de Buenos Aires ya anticipó que no acompañará la iniciativa.
El Gobierno sostiene que el nuevo modelo permitirá un sistema “más ágil, accesible y transparente”, aunque su aplicación efectiva quedará sujeta a la coordinación con las jurisdicciones provinciales.
