La medida fue presentada por la administración como un paso hacia la generación de empleo.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral mediante el decreto 407, publicado en el Boletín Oficial, y avanzó en la implementación de cambios en el sistema de relaciones laborales. La medida fue presentada por la administración como un paso hacia la generación de empleo, mientras que desde la Confederación General del Trabajo (CGT) advirtieron sobre posibles efectos de precarización.
Uno de los principales ejes de la reglamentación es la revisión de convenios colectivos de trabajo. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, iniciará el proceso de intimación a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar unos 150 acuerdos que se encuentran vencidos, con el objetivo de actualizarlos según las nuevas disposiciones.
El decreto establece que la Secretaría de Trabajo considerará caducos aquellos convenios cuyo plazo original haya expirado, lo que habilita la apertura de nuevas negociaciones. En ese marco, las autoridades convocarán progresivamente a las partes para adaptar los acuerdos a los cambios laborales y tecnológicos vigentes.
Desde el Gobierno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo que existen convenios con décadas de antigüedad que requieren actualización. En contraste, desde la CGT señalaron que existe negociación colectiva activa en la mayoría de las actividades y que los acuerdos se han ido renovando según la voluntad de las partes.
El proceso de renegociación no tendrá plazos estrictos, ya que el Ejecutivo busca que las discusiones se desarrollen inicialmente entre empresas y sindicatos, y luego sean presentadas ante la autoridad laboral para su homologación. Este paso es clave, ya que otorga validez general a los convenios para todos los trabajadores y empleadores del sector.
Sin embargo, la normativa también contempla la posibilidad de que el Estado rechace la homologación si considera que el acuerdo genera distorsiones económicas o afecta el interés general, lo que fue cuestionado por sectores sindicales.
Uno de los cambios centrales introducidos por la reforma es la modificación del principio de ultraactividad. Si bien se mantiene para las cláusulas normativas —vinculadas a condiciones de trabajo—, deja de aplicarse para aspectos obligacionales como aportes o contribuciones, que pierden vigencia al vencimiento del convenio.
De esta manera, la reglamentación abre una nueva etapa en las relaciones laborales, con un esquema que impulsa la actualización de acuerdos y redefine el equilibrio entre empresas, sindicatos y Estado en la negociación colectiva.
