Cuatro listas compiten por las bancas en una elección atravesada por los armados de La Libertad Avanza, el radicalismo y distintos sectores del peronismo.
El 20 de octubre, cerca de 185 mil abogados con matrícula federal elegirán a los cuatro representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030. Son cuatro lugares, pero detrás de ellos se juega bastante más: quién tendrá capacidad de influencia sobre uno de los organismos centrales del sistema de Justicia argentino, nada menos que el que elige y remueve a los jueces.
La disputa es de primer nivel y muestra una foto clara: detrás de los candidatos que aparecen en las listas están los grandes jugadores, pesos pesados de la política nacional como la Secretaria de la Presidencia de la Nación Karina Milei, el empresario del juego y operador judicial Daniel Angelici, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora y el senador peronista Mariano Recalde.
Con estas fuerzas en danza, esta elección no solo definirá quiénes ocuparán las cuatro bancas de la abogacía en el Consejo de la Magistratura, sino también qué sector de la política logra pisar más fuerte en un organismo clave para el futuro del Poder Judicial. Los resultados, además, funcionarán como un termómetro de las alianzas y rivalidades que ya empiezan a delinear el mapa de poder de cara a 2027.
La apuesta libertaria
La Libertad Avanza juega con lista propia, en una apuesta inédita del oficialismo para desembarcar con un armado más político que jurídico en un territorio tradicionalmente dominado por agrupaciones profesionales. La boleta Abogados por la Libertad lleva como candidato a Luis Palomino, concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo de la Nación. Palomino es, además, un dirigente cercano a Sebastián Pareja, diputado nacional y principal armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
El radicalismo, dividido
El radicalismo llega a la elección de abogados con dos opciones. La principal es Unidad en Defensa de la Abogacía, lista que responde a Daniel Angelici y que reúne a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la ciudad de Buenos Aires y a decenas de agrupaciones profesionales. El primer candidato es Alberto Biglieri, abogado administrativista y actual interventor judicial de la UOM, acompañado por representantes de los Colegios de San Juan, Córdoba y Mendoza. Entre los suplentes aparecen Carlos Mas Vélez, de la UCR porteña, y Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad.
La segunda opción radical es Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y recientemente incorporado a la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense. La lista también lleva a Sandra París, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata y ex diputada bonaerense; Eduardo Awad, expresidente del Colegio Público porteño, y Myriam Londero, de Córdoba. El espacio tiene el respaldo de dirigentes como el senador nacional Maximiliano Abad, Diego Molea, Miguel Piedecasas y, como pata peronista federal, el gobernador cordobés Martín Llaryora.
El armado peronista
Mariano Recalde, senador nacional y presidente del PJ porteño, y Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación, aparecen como los principales articuladores de la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que lleva a Itatí Demarchi como primera candidata (es la presidenta del Colegio de Abogados de Villa María y, en caso de ganar, se repartirá los años de mandato con Adriana Coliqueo, titular del Colegio de Avellaneda-Lanús). El segundo candidato es Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. La lista la completan Julia Toyos, presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de Salta, y Andrés Abramovich, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe.
