El organismo expresó preocupación por la denuncia penal impulsada por el jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni, contra el periodista por una publicación en X.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó preocupación por la querella penal por calumnias e injurias que el titular de la Gendarmería Nacional Argentina, Claudio Miguel Brilloni, promovió contra el periodista Alberto José «Beto» Valdez, a raíz de una publicación realizada el 31 de agosto de 2026 en la red social X.
La acción judicial se originó en una publicación en la que Valdez hizo referencia a un supuesto vínculo sentimental entre Brilloni y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y vinculó esa situación con el regreso del funcionario al servicio activo y un eventual conflicto de intereses. Según trascendió, el contenido también aludía a presuntas irregularidades, falta de transparencia y contrataciones bajo sospecha durante la gestión del jefe de la fuerza federal. La noticia cobró particular relevancia dado que Monteoliva conduce el ministerio del que depende Gendarmería, mientras que Brilloni está al frente de esa fuerza.
Brilloni encuadró los hechos en los delitos previstos en los artículos 109 y 110 del Código Penal y solicitó una sentencia condenatoria con costas y su posterior publicación. La presentación judicial también deja constancia de la posibilidad de avanzar por la vía civil con una demanda por daños y perjuicios. En paralelo, el periodista anunció la existencia de la querella en sus redes sociales y realizó un descargo en el que cuestionó la diferencia institucional entre las partes.
En su respuesta pública, Valdez recordó las garantías constitucionales vinculadas con la libertad de expresión y de prensa, e invocó las protecciones contempladas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la doctrina de la real malicia. Bajo ese criterio, sostuvo que una eventual inexactitud en una información no resulta por sí sola suficiente para establecer responsabilidad, sino que deben analizarse las circunstancias en las que fue difundida y la conducta de quien la publicó. El periodista anticipó además que ejercerá su defensa y que preservará la confidencialidad de sus fuentes. «No busco victimizarme», aclaró.
Ante FOPEA, Valdez manifestó que considera que la acción judicial tiene un efecto de amedrentamiento y condicionamiento sobre su tarea, y la vinculó con investigaciones que venía realizando sobre distintos aspectos de la gestión de Gendarmería, entre ellos cuestiones presupuestarias, salariales, de cobertura de salud y presuntos sobreprecios en contrataciones.
El organismo observó con preocupación el recurso a una acción penal contra un periodista cuando parte de las publicaciones cuestionadas se vinculan con asuntos de gestión de un organismo público. FOPEA señaló que la asimetría entre un periodista y quien ocupa la máxima conducción de una fuerza federal de seguridad exige especial prudencia para evitar que una controversia judicial produzca un efecto inhibitorio sobre la investigación y el escrutinio de actos de interés público.
En el marco del relevamiento del caso, el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA se comunicó con el Dr. Rodrigo Guzmán, abogado de Brilloni, quien atendió la consulta pero desistió de brindar precisiones, amparándose en el secreto profesional.
El caso se da en un contexto en el que Brilloni quedó mencionado en otros cuestionamientos públicos. La diputada Marcela Pagano presentó en agosto una denuncia penal relacionada con una compra de boinas para Gendarmería y anticipó que buscaría que Monteoliva brinde explicaciones ante Diputados. Valdez había señalado además que el regreso de Brilloni al servicio activo se produjo durante la etapa en la que Monteoliva integraba el Ministerio de Seguridad bajo la conducción de Patricia Bullrich, antecedente que cobró relevancia en el debate sobre la relación entre ambos funcionarios.
FOPEA indicó que seguirá con atención el desarrollo de las actuaciones y expresó su expectativa de que puedan privilegiarse los mecanismos que permitan resolver el conflicto sin afectar el libre ejercicio del periodismo ni el derecho de la sociedad a recibir información sobre asuntos de interés público.
