Estaban inscriptos en la categoría más baja y realizaban movimientos multimillonarios cuyo origen está justificado.
La Justicia profundizó la investigación sobre los monotributistas vinculados a Sur Finanzas y avanzó con el congelamiento de cientos de cuentas presuntamente utilizadas para mover dinero cuyo origen no estaba justificado. Según la DGI, se trataba de contribuyentes “falsos” que habrían sido insertados en un circuito financiero destinado a ocultar la identidad real de los dueños de los fondos.
Las medidas alcanzaron, además de estos monotributistas, al financista Ariel Vallejo —dueño de la firma— y a parte de su entorno familiar, con embargos preventivos y órdenes para identificar bienes registrables en múltiples organismos.
El circuito de monotributistas que movió cifras desproporcionadas
La causa, tramitada en la Justicia federal y en distintos juzgados, se concentró en los movimientos de jóvenes inscriptos en las categorías más bajas del monotributo que, sin capacidad económica visible, manejaron cifras multimillonarias a través de billeteras virtuales y cuentas ligadas a Sur Finanzas. La DGI describió el esquema como uno basado en “contribuyentes apócrifos” y remarcó que los montos declarados no guardaban relación con los fondos operados.
El caso más emblemático fue el de Ignacio M., monotributista categoría D. En 2024 emitió facturas por apenas $4.937.394, pero movió $87 mil millones mediante billeteras virtuales y $39 mil millones en operaciones vinculadas a Sur Finanzas. Según los registros, manejó $255 millones en efectivo, $7900 millones en transferencias bancarias y $84.200 millones en transferencias virtuales. Tenía 31 años y figuraba como “creador digital”. En julio de 2025 adquirió un BMW 240i valuado en $98 millones.
Otro de los señalados fue Emilio V., inscripto en la categoría A. En 2024 movió $14 mil millones en billeteras digitales, pese a que su patrimonio declarado consistía únicamente en un auto modelo 2006. Según la denuncia, transfirió $670 millones en efectivo, $7800 millones en operaciones bancarias y $13 mil millones en transacciones virtuales.
Además, la investigación detectó otros casos con montos igualmente elevados: Ana Lucía S. movió $17 mil millones; Erica C., $5200 millones; Benjamín G., $5200 millones; Pilar Y., $10 mil millones; Natalia C., $1980 millones; y Gonzalo R., $13 mil millones. En todos los expedientes, la DGI sostuvo que se trataba de personas sin sustancia económica para justificar los movimientos registrados.
Los investigadores remarcaron que estos perfiles reflejaban una operatoria reiterada: “Son personas con mucha plata física, en efectivo, que hacen transferencias a cuentas de Sur Finanzas que operan con criptomonedas”, indicaron los informes incorporados al expediente.
El avance sobre Vallejo y su entorno
En paralelo, la Justicia dispuso un paquete de acciones para preservar los bienes de Ariel Vallejo y de familiares directos vinculados a la financiera. El objetivo fue evitar la pérdida de activos que podrían constituir el producto de las maniobras investigadas.
La resolución incluyó comunicaciones a una extensa lista de organismos: la Dirección Provincial de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires, el Registro de la Propiedad Inmueble porteño, el Registro Nacional del Automotor, la Inspección General de Justicia, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires, el Registro Nacional de Buques, el Registro Nacional de Aeronaves, el Stud Book del Jockey Club, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera. En el caso del BCRA y la UIF, se ordenó la emisión de circulares para notificar la medida a entidades bancarias, financieras, crediticias y organismos de información comercial.
También se enviaron oficios a la Comisión Nacional de Valores, el Mercado de Valores, la Caja de Valores y BYMA, con instrucciones para informar si existían acciones registradas a nombre de los investigados y para anotar la medida cautelar en los registros correspondientes.
Las medidas alcanzaron a Sur Finanzas PSP S.A., Graciela Beatriz Vallejo, Maximiliano Ariel Vallejo y María Fernanda Sena Argis. Además de congelar cuentas, la Justicia pidió a todos los organismos mencionados que informaran si dichas personas físicas o jurídicas poseían bienes registrables bajo su titularidad.
La causa se enmarcó en una investigación más amplia por presunto lavado de dinero que involucró a Sur Finanzas, donde la DGI ya había detectado movimientos multimillonarios, empresas sin empleados y facturación cruzada entre sociedades del mismo grupo. Con el avance sobre los monotributistas “fantasma”, los fiscales buscaban reconstruir el flujo del dinero y determinar quiénes eran los verdaderos beneficiarios del circuito.
