La obra incluyó la renovación completa de baños y cocina, la construcción de galerías, la remodelación de la piscina, con la incorporación de una cascada.
El fiscal Gerardo Pollicita avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, con foco en el origen de los fondos utilizados para la compra y refacción de una propiedad en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En ese marco, este lunes declaró como testigo el contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo por los trabajos realizados en la vivienda, que se extendieron durante un período de entre siete y nueve meses.
Según la documentación aportada, la obra incluyó la renovación completa de baños y cocina, la construcción de galerías, la remodelación de la piscina —con la incorporación de una cascada— y la instalación de una parrilla de grandes dimensiones con horno a leña. El testigo también entregó contratos, facturas, listado de trabajadores y comunicaciones mantenidas con el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
La propiedad en cuestión fue adquirida por 120.000 dólares, operación que se concretó mediante un préstamo privado de 100.000 dólares gestionado por la escribana Adriana Nechevenko, más un aporte propio de 20.000 dólares. Sobre ese crédito se fijó un interés del 11% anual y, hasta el momento, se habrían devuelto 30.000 dólares. A ese monto inicial se suman ahora los costos de refacción, lo que eleva significativamente la inversión total bajo análisis.
Durante el tiempo que duraron las obras, el funcionario habría alquilado otra vivienda dentro del mismo barrio por unos 13.000 dólares. Además, la fiscalía solicitó información sobre el pago de expensas —estimadas en 700.000 pesos mensuales— y el costo de ingreso al country, fijado en 5.000 dólares.
Uno de los ejes centrales del expediente es reconstruir los movimientos financieros del funcionario y su entorno familiar, y determinar si se corresponden con los ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción. En ese sentido, la investigación también contempla otros gastos en efectivo detectados en el último año, como viajes, vuelos privados y estadías en el exterior, que en conjunto superan los 100.000 dólares y, según fuentes judiciales, no contarían con respaldo documental suficiente.
A ese conjunto de erogaciones se agregan ahora los 245.000 dólares mencionados por el contratista, lo que refuerza las dudas sobre el origen de los fondos. La fiscalía busca establecer si el nivel de gastos, la adquisición de inmuebles y las obras realizadas pueden justificarse con los ingresos de un funcionario público.
En paralelo, se analiza el valor de mercado de la propiedad para contrastarlo con lo declarado patrimonialmente. Según datos incorporados a la causa, el precio promedio de las viviendas en el barrio Indio Cuá ronda los 149.875 dólares, con variaciones según ubicación y superficie.
La causa continúa con la recolección de pruebas documentales y testimoniales, mientras persiste la pregunta central que guía la investigación: de dónde provinieron los fondos utilizados para afrontar estos gastos en efectivo.
