La medida fue comunicada oficialmente por el organismo, conducido por Esteban Leguízamo, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) informó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país tras detectar irregularidades en auditorías internas, y confirmó la presentación de nuevas denuncias penales por presuntos hechos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.
La medida fue comunicada oficialmente por el organismo, conducido por Esteban Leguízamo, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. Según detallaron, las sanciones responden a incumplimientos vinculados a cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y deficiencias en las condiciones edilicias y sanitarias.
En ese marco, el PAMI señaló que las auditorías forman parte de un esquema de control permanente orientado a garantizar la calidad de atención y el uso adecuado de los recursos destinados a los afiliados.
Irregularidades en Tucumán
Uno de los casos relevados corresponde a la firma Sanarte S.R.L., un policonsultorio ubicado en San Miguel de Tucumán. La auditoría detectó múltiples incumplimientos, entre ellos la falta de habilitación municipal actualizada y documentación incompleta de los profesionales, con ausencia de matrículas e inscripciones.
También se observaron demoras de hasta 21 días para la asignación de turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología. Además, los auditores cuestionaron el sistema de atención implementado por el centro, que otorgaba turnos cada un minuto bajo modalidad de orden de llegada, lo que fue considerado incompatible con estándares adecuados de atención médica.
A esto se sumaron inconsistencias en la documentación clínica, como historias sin firma profesional, estudios sin informes y prestaciones facturadas sin respaldo, lo que implica posibles vulneraciones a la normativa vigente en derechos del paciente.
Caso en Chaco y denuncia penal
El segundo caso involucra a un prestador individual de la UGL XIII en Chaco. Las auditorías detectaron deficiencias en la documentación obligatoria, incumplimientos contractuales y discrepancias en las prestaciones facturadas.
Tras analizar el descargo del profesional, el organismo consideró que no logró justificar las observaciones y resolvió rescindir el contrato. Asimismo, el PAMI presentó una denuncia penal para que la Justicia determine si los hechos configuran delitos.
El expediente fue remitido al Ministerio Público Fiscal con la intervención de áreas técnicas, jurídicas y de auditoría del organismo.
Investigación más amplia
Ambos casos se enmarcan en un proceso de fiscalización iniciado por el PAMI, que en noviembre de 2025 ya había denunciado una presunta estafa millonaria vinculada al uso de órdenes médicas electrónicas falsas, facturación sin respaldo y utilización indebida de datos de afiliados.
Según informó el organismo, estas investigaciones derivaron en al menos seis causas penales en distintas jurisdicciones federales.
En febrero de 2026, nuevas auditorías detectaron volúmenes de prestaciones considerados incompatibles con la capacidad operativa de algunos prestadores, incluyendo casos con cientos de prácticas declaradas en lapsos de tiempo reducidos.
Frente a este escenario, el PAMI implementó un sistema de control que incluye monitoreo de prácticas, uso obligatorio del turnero digital, auditorías continuas y sanciones automáticas ante irregularidades.
