El proyecto del oficialismo que se debate en el Senado no contará con respaldo federal: cuáles son los motivos y cómo puede afectar en el conteo final.
El Gobierno Nacional no logró reunir el apoyo necesario en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para impulsar la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto que prevé tratar este jueves en el Senado y que generó fuertes cuestionamientos por parte de varias provincias.
Durante la reunión del organismo, que nuclea a las autoridades ambientales de todo el país, se analizó la propuesta oficial. El resultado dejó en evidencia la falta de consenso federal: entre votos negativos, abstenciones y representantes ausentes, la iniciativa no obtuvo el respaldo institucional del Consejo.
La Provincia de Buenos Aires fue una de las jurisdicciones que manifestó una postura firme en contra. En representación del distrito, la subsecretaria de Política Ambiental bonaerense, Tamara Basteiro, afirmó: “En términos jurídicos, este proyecto de ley es incompatible con el principio de no regresividad ambiental que está manifiesto en el Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que nuestro país acompaña y avala. También vulnera el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional”.
Además, advirtió: “Esta discusión se da en un escenario internacional de crisis climática, donde organismos como la ONU vienen alertando sobre el ritmo alarmante de retroceso de los glaciares”.
Cuestionamientos por el impacto ambiental
Desde el gobierno bonaerense también se expresó la ministra de Ambiente provincial, quien sostuvo: “La protección de los glaciares constituye una política estratégica para la preservación de los bienes comunes naturales y el acceso al agua, y que cualquier modificación normativa debe garantizar estándares ambientales más altos y no retroceder en los ya alcanzados”.
En la misma línea, enfatizó: “Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce más grande de Latinoamérica, no podemos permitir esta flexibilización ambiental para que las empresas extranjeras la destruyan”.
La delegación bonaerense impulsó mayoritariamente la postura contraria a la reforma y, junto a otras provincias, promovió la participación de organizaciones ambientales y técnicos del IANIGLA en el debate.
El desenlace en el COFEMA dejó expuesta la resistencia de parte de las provincias a una modificación que, según sus críticos, debilita herramientas centrales de protección ambiental, en un contexto atravesado por la crisis climática y la discusión sobre el resguardo de las reservas estratégicas de agua dulce del país.
