La investigación por presuntas maniobras de corrupción sumó a otros 19 procesados y detectó posibles sobreprecios por más de $7.800 millones.
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en una investigación por presuntas maniobras de corrupción en la compra de insumos médicos y ortopédicos destinados a beneficiarios del Programa Incluir Salud. La resolución también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas y agravó la situación judicial de varios acusados que ya habían sido procesados en febrero.
La decisión incluyó un embargo de $47.100.829.143,44 sobre los bienes de Spagnuolo. Entre los acusados cuya situación se agravó se encuentran el exsegundo de la ANDIS, Daniel Garbellini, y el lobista Miguel Ángel Calvete, señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita. La medida también alcanzó a Andrés Arnaudo y Federico Santich, considerados posibles integrantes de la organización investigada.
La pesquisa abarca contrataciones realizadas desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2025, durante la gestión de Spagnuolo al frente del organismo. El expediente busca determinar si existió una estructura destinada a direccionar adjudicaciones, favorecer a determinados proveedores y generar beneficios económicos indebidos en operaciones con fondos públicos.
Los sobreprecios detectados en la compra de insumos médicos
Uno de los puntos centrales de la resolución son las diferencias de precios identificadas en las contrataciones del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas sin obra social que reciben pensiones no contributivas.
Un relevamiento técnico del Ministerio de Salud detectó presuntas diferencias de precios por $1.849.277.963 en seis rubros: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología.
Ese monto se sumó a los $5.984.594.394,24 que ya habían sido determinados de manera provisoria en el segmento de medicamentos. Así, el total bajo análisis por posibles sobreprecios asciende a $7.833.872.357,24. Sin embargo, el juzgado aclaró que se trata de una estimación parcial, limitada a las contrataciones que pudieron compararse con valores de referencia.
En una resolución de más de 500 carillas, Lijo sostuvo que la investigación no se limita a las diferencias de precios. El objetivo también es establecer si hubo una estructura organizada para influir en los procedimientos de contratación estatal y beneficiar a determinados proveedores.
Cómo habría funcionado la organización investigada en la ANDIS
Según la resolución judicial, la organización habría estado integrada por funcionarios del organismo, operadores externos, empresarios vinculados con las empresas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos provenientes de las maniobras investigadas.
El magistrado señaló que los acusados habrían actuado de manera coordinada, con una distribución de funciones orientada a favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado nacional. Entre los mecanismos bajo investigación figuran la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos.
De acuerdo con la hipótesis judicial, esas prácticas habrían permitido generar beneficios económicos indebidos para las empresas favorecidas y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la presunta organización. La resolución también destacó la reiteración de conductas en distintos segmentos y la existencia de comunicaciones y operaciones económicas documentadas.
Entre los elementos incorporados al expediente aparecen mensajes intercambiados entre Calvete y su hija, Ornella, exfuncionaria del Ministerio de Economía que ya había sido procesada en la primera etapa de la causa. En esas conversaciones se habría mencionado un supuesto pago del 3% por parte de un proveedor, un porcentaje que coincide con el referido por Spagnuolo en los audios que dieron origen al escándalo público.
Spagnuolo estuvo al frente de la ANDIS desde diciembre de 2023, cuando fue designado por el presidente Javier Milei, hasta agosto de 2025. Su salida se produjo en medio de la difusión de grabaciones en las que una persona que sería el exfuncionario aludía a un presunto esquema de coimas entre laboratorios y la agencia, con menciones a Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei.
El extitular del organismo ya tenía confirmado por la Cámara Federal porteña un procesamiento correspondiente al primer tramo de la investigación, vinculado con presuntos sobreprecios y sobornos en la compra de medicamentos. En esa instancia fue señalado como presunto jefe de una asociación ilícita y acusado por posibles delitos de defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Los empresarios y funcionarios alcanzados por la resolución
La ampliación del procesamiento incluyó a empresarios relacionados con firmas proveedoras de la ANDIS. Entre ellos figuran César Olguín, vinculado con Expo Trauma S.A.; Evangelina Ileana García y Martín Goncalo Armella, relacionados con Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.; y Claudio Alejandro Kahn, asociado a Ortopedia Alemana Insumos Médicos S.A.
También fueron alcanzados Osmar Mariano Caballi, de Farma Salud S.R.L.; Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con empresas de insumos ortopédicos; Humberto Gabriel Maone, de Med-El Latino América S.R.L.; Nicolás Luna, de Meridius S.A.; Fabián César Piedimonte, de Neurosalud S.A.; Gustavo David Bernat, de Ortopedia Bernat S.R.L.; y Patricio Oscar Acosta, relacionado con distintas sociedades proveedoras de insumos médicos.
La resolución también comprendió a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola y Alberto Denholm, a quienes se les atribuyeron posibles funciones relevantes dentro de la estructura administrativa del organismo. La investigación los vincula con la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de trámites, el acceso a información interna y el seguimiento de pagos.
Por otra parte, Alan Pocovi fue procesado por presunta asociación ilícita y lavado de activos agravado, en un tramo relacionado con circuitos financieros y comerciales investigados en torno de Calvete. Lautaro Brítez, en tanto, fue procesado como presunto integrante de la asociación ilícita.
La decisión judicial también dispuso la falta de mérito para otras 11 personas que habían sido indagadas. Esa medida implica que, por el momento, el juzgado consideró necesario profundizar la investigación antes de definir su situación procesal.
La causa se encuentra delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi. La primera tanda de procesamientos había sido dictada en febrero por el entonces juez del expediente, Sebastián Casanello, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones de medicamentos e insumos de la ANDIS.
