¿Cuáles son los próximos pasos del fondo demandante tras este nuevo revés en los tribunales?
La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos rechazó revisar el fallo del 27 de marzo pasado en el que le dio la razón al Estado argentino en el juicio por la expropiación de YPF.
Era un pedido que había hecho el fondo demandante, Burford Capital, tras la sentencia que determinó que la Argentina no debería pagar los US$ 16.000 millones de reparación que reclamaba Burford.
Consideró en ese fallo que aunque la expropiación incumplió el estatuto de YPF, la ley que aprobó el Congreso para enajenar las acciones tiene un estatus jurídico superior.
Burford tenía, una vez conocida la sentencia, dos caminos: solicitar que la Corte de segunda instancia revea su decisión, que fue rechazado este martes; y acudir a la Corte Suprema de los EEUU, una opción que los expertos consideran poco viable para los demandantes. Según Sebastián Maril, de Latam Advisors, el máximo tribunal toma entre el 1 y 2% de los casos que le llegan.
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Otra alternativa es iniciar litigio en el tribunal del Ciadi. Es un mecanismo de arbitraje que depende del Banco Mundial y que suele intermediar en casos de incumplimientos de contrato entre Estados y empresas. La Argentina es uno de los países más demandados en ese foro.
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El 27 de marzo la Corte de Apelaciones sostuvo que «las demandas por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación, y en consecuencia revocamos la decisión del tribunal de distrito que otorgó sentencia a favor de los demandantes sobre esos reclamos».
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La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, había concluido que el Estado argentino incumplió el estatuto de YPF durante la estatización de 2012 al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En ese marco, dispuso que el país debía pagar una compensación, aunque liberó de responsabilidad a la petrolera.
El tribunal consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina al fallar a favor de los ex accionistas que reclamaban haber sido perjudicados por la nacionalización de la petrolera. La demanda había sido impulsada por el fondo Burford Capital, que aspiraba a quedarse con una parte significativa de la indemnización.
