El proyecto busca evitar rechazos arbitrarios en las escuelas privadas. Genoveva Ferrero, madre de un niño con discapacidad, destacó las dificultades que enfrentan las familias para acceder a vacantes en los colegios.
La Legislatura porteña debate una reforma clave a la Ley 2.681 para evitar rechazos arbitrarios en escuelas privadas y asegurar vacantes para estudiantes con discapacidad. Entre los principales impulsores del proyecto fue muy importante el rol de Genoveva Ferrero, madre de un niño con CUD, que a través de sus experiencias relató cuáles son las dificultades que atraviesan las familias para inscribir a sus hijos en los colegios.
Genoveva Ferrero, representante del Poder Judicial de la Ciudad y madre de un niño con CUD, es una de las principales impulsoras del proyecto, que busca garantizar el acceso igualitario a la educación para los estudiantes con discapacidad, enfrentando las barreras que surgen cuando se conocen los diagnósticos.
La Comisión, presidida por el diputado Sergio Siciliano, con las diputadas María Bielli y Marina Kienast como vicepresidentas, llevó adelante una reunión de trabajo en la que se abordó el proyecto de modificación impulsado por la diputada María Graciela Ocaña, acompañada por legisladores de distintos bloques. Según se detalla en los considerandos de la propuesta, el objetivo es “garantizar mayor transparencia, inclusión y resguardo de derechos en el acceso a la educación”.
El proyecto prohíbe rechazos arbitrarios y establece que los colegios privados incorporados a la enseñanza oficial no podrán negar inscripción o reinscripción sin una “justa causa”. Además, obliga a que dicha causa sea explicitada de manera clara, y que no contradiga los derechos constitucionales, ni los tratados internacionales vigentes, especialmente los referidos a la niñez y la discapacidad.
Asimismo, se garantiza a las familias el derecho a exigir los fundamentos por escrito ante una negativa, y se propone la creación de un Registro Público de Vacantes. Este registro, a cargo del Ministerio de Educación, deberá ser de acceso público e informar la cantidad de vacantes disponibles por curso y por escuela, con el fin de brindar mayor transparencia al proceso.
Una problemática que se repite en todo el país
Esta iniciativa busca dar respuesta a una situación que se repite con frecuencia en escuelas de todo el país: cuando una familia se acerca a matricular a su hijo, suele haber vacantes disponibles. Sin embargo, al momento de mencionar que el niño tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD) o algún diagnóstico similar, esas vacantes “desaparecen” sin explicaciones. En muchos casos, los estudiantes con discapacidad que hoy asisten a colegios lo hacen porque el diagnóstico llegó una vez que ya estaban dentro del sistema. Pero cuando una familia intenta ingresar con un diagnóstico previo, muchas puertas se cierran.
La reforma a la Ley 2.681 busca justamente transparentar estos procesos y evitar estas prácticas discriminatorias, poniendo en el centro el derecho a la educación.
Durante el encuentro en la Legislatura, expusieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho educativo, referentes institucionales y familias de niños y niñas con discapacidad. Participaron Agostina Quiroz (ACIJ), Paulo Morales (TEActiva), Gustavo Moreno (Asesor Tutelar del MPT), el Dr. La Greca (Academia Nacional de Educación), Silvina Lannicelli (Disfam), Gerardo Suárez y Juan Navarro Floria (Faera), el Dr. Norberto Baloira (Coordiep), Jorgha García Domínguez (FEDUTEC), Genoveva Ferrero (Poder Judicial) y diversas familias que compartieron sus experiencias.
El debate giró en torno a los límites entre la gestión estatal y privada en materia de educación inclusiva. Algunos especialistas defendieron la autonomía de las instituciones, mientras que las organizaciones sociales y las familias hicieron hincapié en las dificultades que enfrentan cuando se rechaza la inscripción de un niño con TEA, dislexia u otras condiciones sin fundamentos claros ni escritos.
Se remarcó que muchas veces esas negativas no quedan asentadas formalmente, lo que impide reclamar, y que la falta de un registro público de vacantes genera incertidumbre y exclusión.
La reunión permitió recoger distintos puntos de vista y aportes que nutrirán el trabajo legislativo en torno a la propuesta, que continuará siendo analizada en la Comisión de Educación. Antes del cierre, el diputado Siciliano anunció: “El próximo martes a las 14:00 se realizará una nueva convocatoria para seguir dialogando en la búsqueda de un proyecto mejor.”
Genoveva Ferrero, una impulsora clave del proyecto
Durante el encuentro, se destacó especialmente la participación de Genoveva Ferrero, representante del Poder Judicial y madre de un niño con discapacidad, quien se posicionó como una de las principales impulsoras de la reforma. Su compromiso con la iniciativa no solo responde a su rol institucional, sino también a su experiencia personal como madre.
Ferrero viene trabajando activamente para lograr que se respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, buscando un sistema más inclusivo, transparente y justo para todas las familias.
