La iniciativa propone convocar al diplomático Gonzalo Uriarte Herrera, quien deberá precisar cuestiones relativas al trayecto portuario, la intervención estatal y eventuales nexos frente a explotaciones energéticas en aguas disputadas australes
Un grupo de diputados peronistas presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Resolución para invitar al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, a que explique ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto los alcances de la ruta marítima Punta Arenas-Islas Malvinas y, en particular, si esa conexión será utilizada para abastecer «proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía«.
La iniciativa lleva la firma de 17 legisladores que integran la comisión, encabezados por el excanciller Santiago Cafiero y acompañados por Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Juan Carlos Molina, Lorena Pokoik, Nicolás Trotta, Roxana Monzón, Jorge Neri, Araujo Hernández, Marcelo Mango, Ariel Rauschenberger, Pablo Todero, Andrea Freites, Abelardo Ferrán, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Paulo Agustín Tita.
De acuerdo con el texto del proyecto, la convocatoria al diplomático chileno prevé abordar tres asuntos concretos: la posición oficial del Gobierno de Chile respecto de la apertura de la ruta Punta Arenas-Malvinas y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la Cuestión Malvinas; la participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y la eventual utilización de ese trayecto para abastecer proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos en disputa.
El fundamento central del proyecto apunta a que Uriarte Herrera asista al pleno de la comisión para dar cuenta de «la posición oficial de su Gobierno respecto de la anunciada apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas«. Según los firmantes, «la República Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, reconocida por la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambos países a encontrar una solución pacífica y negociada».
En la misma línea, los diputados peronistas invocan la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras se desarrolla el proceso de negociación recomendado por las Naciones Unidas.
De acuerdo con información periodística citada en el proyecto —publicada el 11 de octubre de 2026—, la empresa chilena Easter Island Naviera prevé iniciar durante noviembre una conexión marítima regular mediante el buque Danstar, destinado al abastecimiento comercial de las islas. Se trata de una embarcación de bandera chilena, de 72 metros de eslora, con capacidad para transportar contenedores y carga fraccionada, que cubriría un recorrido de aproximadamente 900 kilómetros a través del Estrecho de Magallanes.
El servicio apunta a ofrecer una alternativa al abastecimiento que actualmente sale desde Montevideo, a unos 2.000 kilómetros de distancia, y contempla el traslado de alimentos, materiales de construcción, madera, maquinaria y otros insumos requeridos en el archipiélago. La ruta funcionó durante más de un siglo, pero dejó de operar a comienzos de los años 2000 por razones económicas, y su reanudación fue anunciada el 3 de septiembre tras un acuerdo entre la naviera y la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC).
Los firmantes del proyecto sostienen que «la anunciada apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas debe analizarse a la luz de las posiciones diplomáticas expresadas históricamente por la República de Chile en relación con la Cuestión Malvinas, particularmente las declaraciones adoptadas en el ámbito del Mercosur y los pronunciamientos bilaterales mediante los cuales el Gobierno chileno ha reiterado su respaldo a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina».
Desde esa perspectiva, el texto del proyecto indica que «resulta necesario esclarecer la naturaleza de la operación comercial anunciada, la intervención de autoridades chilenas, las características de la embarcación, su bandera, el tipo de mercaderías transportadas y la eventual prestación de servicios logísticos a empresas vinculadas con actividades económicas desarrolladas bajo autorizaciones británicas en los territorios y espacios marítimos en disputa».
La iniciativa adquiere relevancia en el contexto del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en la cuenca norte de las Malvinas por la israelí Navitas Petroleum —operadora con el 65 % de participación— y la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35 % restante. El proyecto prevé iniciar la producción de crudo en el primer trimestre de 2028, con una capacidad inicial de 55.000 barriles diarios a través de la plataforma flotante Aoka Mizu, y una segunda fase que apunta a los 180.000 barriles por día.
El proyecto de resolución también menciona la necesidad de «determinar si existen circunstancias que justifiquen examinar la aplicación de la Ley 26.659» y sus modificatorias, que establece prohibiciones y sanciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. Esa norma, sancionada en 2011, prevé inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de prisión de hasta 15 años para quienes exploren o exploten hidrocarburos sin habilitación de la autoridad competente argentina.
En septiembre, el gobierno de Javier Milei reglamentó la ley mediante el Decreto 868/2026 y reforzó la presión sobre las empresas involucradas en Sea Lion. En ese marco, Halliburton confirmó que ni la compañía ni sus subsidiarias realizarán trabajos en el proyecto ni participarán en la exploración o extracción de hidrocarburos en las islas o sus alrededores. Navitas Petroleum admitió que debió reemplazar a dos contratistas que se retiraron, aunque afirmó que no prevé un efecto adverso sobre el cronograma.
Según el proyecto, «la situación plantea interrogantes sobre sus implicancias para la posición argentina en la cuestión Malvinas, especialmente ante la posibilidad de que nuevas conexiones logísticas contribuyan al desarrollo de actividades económicas en el territorio y los espacios marítimos sujetos a la disputa de soberanía».
En esa dirección, los firmantes subrayan que «resulta necesario conocer si la nueva conexión marítima se limitará al abastecimiento comercial de la población de las islas o si podría facilitar actividades económicas vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales desarrolladas sin autorización de la República Argentina«.
El proyecto recuerda que Chile ha expresado históricamente su respaldo a los derechos de soberanía argentinos sobre las Malvinas. «En consecuencia, resulta especialmente importante conocer cómo se compatibiliza esa posición diplomática con el establecimiento de nuevas conexiones comerciales con el territorio en disputa», plantean los diputados peronistas.
La invitación propuesta, según concluye el texto, procura contribuir al diálogo institucional, obtener información oficial y evaluar las posibles implicancias de esta iniciativa para los intereses nacionales, en el marco del respeto al derecho internacional y a las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile.
