Así lo manifestó en un comunicado la Unión Argentina de Salud (UAS), donde describieron una situación de “extrema vulnerabilidad” para más de 5.000 instituciones que emplean más de 1 millón de personas con trabajo registrado.
En medio del debate por el nuevo presupuesto, que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada y que hoy tratará hoy el Senado, la Unión Argentina de Salud (UAS) manifestó su preocupación que la ley de leyes sea votada sin la emergencia sanitaria, algo que, aseguraron, pondría en peligro a más de 1 millón empleados del sector y dejaría al borde del cierre a cientos de empresas del rubro.
La UAS está compuesta por 17 cámaras que representan a clínicas, sanatorios, empresas de emergencias médicas, laboratorios y otras prestadoras de servicios de salud privada del país.
La entidad manifestó su preocupación puntual por la reciente eliminación del Capítulo XI, artículo 78 de la Ley de Presupuesto, que incluía, entre otros temas, la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario , Emergencia en Discapacidad, la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías. También la prórroga de la “Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive”.
Salud privada, miles de empresas cerrarán y se verá perjudicado el empleo de muchas personas.
Esa situación de emergencia está vigente desde 2001. Cuando se pregunta en el sector por que sigue ese contexto desde hace 25 años, lo explican de una manera concreta: “Ningún gobierno resolvió la situación de fondo de la industria y tampoco se sinceraron los precios y costos”.
De regreso al comunicado de la UAS, se advirtió que lo se votó en Diputados, “deja en situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones, que emplean más de 1 millón de personas con trabajo registrado, entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales que, de prosperar esa medida, entrarían en riesgo de cierre desde el 1 de enero de 2026″.
También exigieron como “urgente” el dictado de una norma que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, y que asegure “que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales”.
“Esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público. En este escenario, resulta imprescindible preservar los mecanismos de protección vigentes, en particular aquellos que garantizan la inembargabilidad de las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. La posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema», destacó la entidad que preside Hugo Magonza, del Cemic.
